Por: Horacio Serpa
La salud en Colombia está en cuidados intensivos. Millones de compatriotas se encuentran desprotegidos o sometidos a un sistema que ha colapsado por la ineficiencia o corrupción de las empresas prestadoras de servicio, el accionar de los carteles de la salud, la mala administración y la crisis económica.
En muchos municipios donde operan los grupos armados ilegales, especialmente paramilitares o Bacrim, como los llaman ahora, los hospitales de la red pública han sido sometidos a un desangre de sus recursos. Dineros que han ido a parar a las arcas de esas organizaciones criminales para aumentar su capacidad de daño, o sencillamente para enriquecer a sus comandantes.
Todo eso se ha hecho con la complicidad de autoridades locales o departamentales, que han hecho pactos con el diablo para protegerse, conseguir votos o mantenerse en el poder. Sin importar la salud de las poblaciones afectadas. Sin detenerse en el enorme daño causado a los más necesitados. Quizá, si se hiciera un estudio académico, se demostraría que el saqueo a los recursos de la salud ha causado más muertes que el mismo conflicto armado interno. Porque en las puertas de los hospitales, debido a su pésimo servicio, a la falta de cirujanos y especialistas, de medicamentos de última generación, los enfermos se mueren sin que nadie llore su partida.
Es lamentable que en Colombia eso ocurra ante los ojos de todos. Los paramilitares sometidos al proceso de justicia y paz han revelado de manera detallada la manera cómo se han robado el dinero de la salud. Los organismos de control han iniciado investigaciones para detener ese desangre y devolverle la administración de los hospitales a la sociedad. Pero aún no se ven los resultados. En muchos hospitales de la Costa Atlántica o el centro del país, donde operan los paramilitares, las cosas siguen igual. Políticos corrompidos, paramilitares y administradores sin pudor se reparten el dinero de la salud como si fuera su caja menor.
En los últimos días el país se estremeció, además, con la corrupción en el propio ministerio de la Protección Social. Allí, a escasos metros del despacho del ministro, un cartel integrado por funcionarios públicos y directivos de EPS se estaba embolsillando el dinero de la salud a través de cobros fraudulentos al sistema. Más de tres billones de pesos fueron saqueados en los últimos años bajo ese esquema perverso.
La denuncia fue hecha de manera valiente por el Presidente de la República, quien enfrenta una batalla frontal contra la corrupción en todos los campos. Lucha que cuenta con el apoyo decidido de alcaldes y gobernadores. Garantizar el derecho de los colombianos a la salud requiere una acción decidida del Estado y la sociedad. Limpiar los servicios de salud de saqueadores armados y al sistema de los enemigos agazapados, es una tarea urgente.
Nunca como hoy es la oportunidad de iniciar una revolución de la salud, para que el sistema funcione y entre todos le demos forma al contenido garantista de la Constitución de 1991.
Bucaramanga, 11 de Mayo, 2011
