En su más recientes publicaciones, la abogada y periodista Ana Bejarano expone una crítica hacia el poder concentrado en manos de los gigantes tecnológicos, como Mark Zuckerberg (Meta) y Carlos Slim (Claro), enfocándose en cómo los monopolios digitales amenazan la libertad informativa y la equidad en el acceso a la red.
En principio, su postura parece loable: cuestionar el poder desmedido de estas corporaciones y exigir condiciones más justas para el acceso a internet.
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Sin embargo, en el contexto colombiano, una medida basada en esta premisa ha tenido un efecto colateral devastador para los más vulnerables: la eliminación del acceso gratuito a WhatsApp y Facebook a través de los datos patrocinados por algunos operadores móviles.
Durante años, millones de colombianos de escasos recursos se han beneficiado de las llamadas “apps gratuitas”, accesibles incluso sin saldo, gracias a convenios entre plataformas como Facebook y compañías de telecomunicaciones como Claro y Movistar.
Estas aplicaciones, más allá del entretenimiento, han sido un canal fundamental de comunicación, organización comunitaria, información política y social, e incluso denuncia ciudadana.
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La supuesta “neutralidad de la red” que tanto defiende Bejarano termina, en la práctica, privando a muchos de su única ventana de conexión con el mundo digital.
Lo que se presenta como un avance hacia la igualdad y la libertad en realidad se traduce en una nueva forma de exclusión.
Porque cuando se elimina el acceso gratuito a estas plataformas en nombre de una supuesta equidad, el resultado no es un internet más justo, sino un privilegio para quienes pueden pagar por el acceso completo.
¿Qué libertad puede haber cuando solo quienes tienen recursos económicos pueden ejercerla?
Bejarano argumenta que es necesario combatir el monopolio de los “señores dueños del mundo”, pero en su cruzada, parece ignorar la realidad concreta de millones de colombianos que, sin esos acuerdos con las grandes tecnológicas, simplemente quedan desconectados.
Al igual que muchas medidas diseñadas desde la élite intelectual y académica, esta se construye desde una posición de privilegio y desconexión con las verdaderas necesidades del pueblo.
Este no es un caso aislado.
Lo vimos también recientemente con los audios del congresista David Racero. Hace unos días se publicaron unas grabaciones de hace más de cuatro años, donde se hablaba de supuestos actos poco éticos en sus empresas privadas.
Si bien es innegable que Racero debe responder por su conducta, no deja de ser llamativo que estos audios resurjan justo cuando el congresista lideraba un debate crucial para la recuperación de los derechos laborales, los mismos que históricamente han sido erosionados por la élite económica, muchos de cuyos intereses están representados en los sectores que Bejarano parece defender de forma indirecta.
De forma similar, las denuncias “progresistas” que aparecen en medios como la Revista Cambio –dirigida por Daniel Coronell y con colaboraciones como las de Bejarano– siempre terminan siendo funcionales a los sectores que históricamente han tenido el control económico y mediático en Colombia.
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Bajo la apariencia de defender causas justas, terminan afectando desproporcionadamente a los sectores populares, limitando sus herramientas de comunicación, organización y resistencia.
En un país donde la brecha digital es profunda, donde el acceso a internet sigue siendo un lujo para muchos, eliminar las pocas herramientas de conectividad gratuitas disponibles en nombre de una supuesta justicia tecnológica es, en última instancia, una traición al principio que dice defender.
La libertad no puede construirse sobre la desconexión de los pobres. Lo que Bejarano llama igualdad, en Colombia solo refuerza el privilegio.
