Por: Horacio Serpa U.
Hace 200 años sufrimos violencia intensa, destrucciones y pobreza. Ha sido la guerra, de todos los colores, de todos los pretextos, en todos los momentos, despiadada y macabra, que no respeta pinta ni edades ni religión.
Guerra que ha sido la causante de la desarticulación social y de nuestros numerosos quebrantos.
Todas nuestras guerras se acabaron y siguieron otras, interminablemente. Doscientos años de angustia. Dentro de dos años, el 7 de agosto de 2019, vamos a celebrar dos siglos de independencia, y lo mismo podríamos celebrar dos siglos de enfrentamientos, de muertos y de víctimas.
Para cada guerra tuvimos armisticios, amnistías, indultos, se echaron voladores el día de la paz, y luego, como en el cuento, “cada cual para su casa”, sin exigencias, sin reclamos, sin juicios, sin sentencias.
Nunca hubo responsabilidad social ni ética ni política ni jurídica.
En plena mitad del siglo XX, la guerra produjo 350.000 muertos. Nadie dijo nada, nadie reclamó nada, a nadie se enjuició, no hubo culpables, solo un manto de olvido, de impunidad, de vergüenza, como siempre.
Con ocasión de esta última guerra de medio siglo y del proceso de paz que adelanta el gobierno del señor presidente de la República con las FARC, no habrá impunidad. Se acordó la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, la cual, por disposición del Congreso Nacional, es parte de nuestra Constitución Nacional.
Se trata de un complejo sistema de instituciones que investigará los delitos cometidos, establecerá la verdad, definirá situaciones jurídicas, se pronunciará sobre amnistías e indultos, defenderá a las víctimas y contará con el funcionamiento de un Tribunal para la paz integrado por Magistrados de alta formación, experiencia y probidad.
A la Justicia Especial para la Paz, conocida como JEP, concurrirán las personas que hayan cometido conductas delictuales relacionadas con el conflicto armado interno que se pretende acabar.
Lo harán los guerrilleros de la Farc, en especial los máximos responsables con ocasión de diferentes conductas ilegales, como delitos atroces, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
También los funcionarios del Estado sindicados de conductas de la misma naturaleza (Fuerza Militar y Policial) asociadas al conflicto, y los terceros que delinquieron en relación con el conflicto armado.
Sobre los terceros, que podrían ser personas dedicadas a actividades empresariales, solo serán llamadas a la JEP si cometieron delitos y su ejecución tuvo que ver con el desarrollo del conflicto violento.
Eso no ocurrirá, no puede ocurrir, con empresarios honrados y respetuosos de la ley, que son la infinita mayoría, como lo sabemos los colombianos. No habrá cacería de brujas pues se trata es de aplicar justicia, dentro de los rigurosos criterios de seriedad, verdad, imparcialidad, controversia de la prueba y debido proceso.
Los colombianos debemos apoyar que haya justicia. También debemos defender con compromiso y rigor el proceso de paz, meta altruista y necesaria que nos va a permitir, a todas y todos, lograr convivencia, desarrollo económico y justicia social.
Si dejamos pasar “este momento único y feliz”, volverá la guerra con sus horrores.
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