El pasado 21 de noviembre se inició una gran manifestación nacional, en un contexto bastante interesante, pues hay un escenario internacional y uno nacional que enmarca este proceso.
A nivel internacional esta manifestación está precedida por procesos similares que vienen ocurriendo en varios lugares del mundo, como Hong Kong y Cataluña, y algunos muy cercanos como Ecuador, Haití y Chile, lo que le dan un tiente especial, trasnacional y compartido, para que la gente ejerza su derecho a protestar y manifestarse política y públicamente.
Y a nivel nacional hay una serie de preocupaciones sociales, económicas y políticas, y un contexto que no ha superado la polarización y que sigue sin avanzar en la reconciliación.
El ambiente enrarecido para la manifestación, que estuvo marcado por toda una campaña de desprestigio, hasta de criminalización, donde se ha señalado por un lado que lo que se busca es desestabilizar y hasta tumbar el gobierno, algo que no es extraño en una protesta política, y por el otro se acusó a los manifestantes que pretendían afectar la productividad y permitir el vandalismo y la destrucción de bienes públicos y privados, en un intento de deslegitimar la protesta social vinculándola con acciones violentas y vandálicas, que son hechos aislados y minoritarios más que un propósito común y compartido de los organizadores y participantes de las manifestaciones.
También se buscó deslegitimar la protesta señalando que la gente no sabía porque estaba ahí protestando, olvidando que el derecho a protesta y la libertad de expresión representan la posibilidad de mostrar el desencanto sobre la situación del país y manifestar abiertamente los miedos de la gente por toda una variedad de razones, desde dudas y temores por reformas laborales y pensionales, hasta reclamos por la situación de los líderes sociales y la agudización de la violencia.
La protesta fue diversa e incluyente porque permitió que diferentes grupos sociales participaran, cada uno con sus razones y motivos, pero todos compartiendo el anhelo y el propósito de buscar por un lado ser escuchados por el Estado y por el otro que se inicien los ajustes y reformas que se necesitan para cambiar el actual estado de cosas, que no tiene conformes a gran parte de la población.
La falta de comprensión de este contexto ha provocado un nerviosismo en sectores del gobierno y de sus seguidores acerca de la protesta, y han sido incapaces de entender que más que una amenaza es una oportunidad para establecer canales de comunicación con la gente, para escuchar sus aspiraciones y necesidades, y así responder adecuadamente a ellas.
El derecho a la protesta es fundamental, es un medio de comunicar necesidades, anhelos y aspiraciones sociales por fuera de los canales tradicionales, y debe ser considerado por la historia que tiene en el país y por la actual coyuntura nacional.
Lo que está sucediendo es el escenario adecuado para un gran dialogo nacional, donde se pueda escuchar directamente lo que la población quiere y el gobierno pueda actuar directamente sobre esas necesidades.
Es la oportunidad de construir colectivamente una agenda nacional, pero no se debe desaprovechar estableciendo agendas previamente y llevando temas escogidos.
Esta es la oportunidad de construir una hoja de ruta con las organizaciones y la comunidad directamente, estableciendo con ellos temas y tiempos, generando confianza desde la construcción y concertación colectiva con el fin de dar respuesta a las reclamaciones sociales en temas tan disimiles como la reforma pensional, laboral, educativa, tributaria, la implementación de los acuerdos de paz, el cumplimiento de los acuerdos con estudiantes, indígenas, campesinos, etcétera.
Habrá que esperar si tenemos un gobierno a la altura del momento histórico en que vive.
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