¿La paz chuzada? – Por: Daniel Coronell

Foto tomada de internetUn fiscal y un técnico del CTI, presos por chuzadas ilegales, aseguran en una declaración firmada que negociadores y facilitadores del proceso de paz con las Farc fueron ilegalmente interceptados durante los diálogos.

 

Según los antiguos funcionarios, el entonces fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, dio la orden y recibía los resultados de las chuzadas.

 

Las afirmaciones provienen del exfiscal especializado Fabio Augusto Martínez Lugo, quien trabajó en la Fiscalía por más de 20 años, y del antiguo agente del CTI Luis Carlos Gómez Góngora, jefe de una de las salas de interceptación en el búnker. Los dos están presos por chuzadas ilegales a miembros del sindicato de Avianca y a funcionarios de la multinacional Enel, que sostenía una controversia multimillonaria con el Grupo de Energía de Bogotá

 

De acuerdo con la versión de los detenidos exfuncionarios, fueron ilegalmente interceptados el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, el senador Iván Cepeda, la exsenadora Piedad Córdoba, el exministro Álvaro Leyva Durán y los abogados Diego Martínez y Enrique Santiago, asesores jurídicos de las Farc para la negociación.

 

En su declaración los exfuncionarios afirman que “inicialmente se efectúa interceptaciones de voz, de los abonados celulares del senador Iván Cepeda, la exsenadora Piedad Córdoba y el exconstituyente Álvaro Leyva Durán, a través de la sala de interceptaciones CIAN ubicada en el bunker de la Fiscalía General de la Nación, coordinada por Luis Carlos Gómez Góngora; los analistas de esta sala efectuaron el monitoreo y análisis de las conversaciones obtenidas; las interceptaciones de datos (mensajería, WhatsApp, Facebook, Messenger, correos electrónicos) estuvieron a cargo por orden del Fiscal general, por la DIJIN de la Policía Nacional”.

 

 

 

 

Ellos aseguran que la información ilegal llegaba al escritorio del fiscal general: “Los resultados de los análisis de las interceptaciones, eran entregadas al señor Fiscal General de la Nación, al doctor Néstor Humberto Martínez; esto se hacía a través del señor Brigadier General ® Luis Alberto Pérez Alvarán, director nacional del CTI.”

 

 

 

 

Llamé y le envié un mensaje de texto al general Pérez Alvarán para conocer su posición frente a estos señalamientos. Desafortunadamente, hasta la hora de cierre de esta columna, no había contestado.

 

El exfiscal Néstor Humberto Martínez me respondió en estos términos: “Esa afirmación es absolutamente falsa y criminal. Durante mi administración se puso al descubierto una red ilegal de chuzadas y se actuó con contundencia ejemplarizante, por convicción y porque no tengo rabo de paja. A los que iniciaron con la especie de que chuzábamos a periodistas como usted, los denuncié penalmente. Nunca he oído una conversación de las personas por las que me indaga. Y no distingo a los funcionarios presos que usted menciona”.

 

 

 

 

Los funcionarios presos aseguran que es posible probar testimonial y documentalmente que estas interceptaciones ilegales existieron y dicen que deben ser citados a declarar:

 

María Consuelo Rincón, investigadora del CTI y analista de la sala CIAN.

 

Freddy Sánchez Tibambre, jefe de la sección de control telemático del CTI.

 

El general Luis Alberto Pérez Alvarán.

 

Raúl Cruz, director nacional de investigaciones del CTI

 

Mauricio Grajales Bolívar, fiscal 85 de derechos humanos de Medellín. Según los declarantes un proceso por el homicidio de un profesor, a cargo de este fiscal, fue usado para incluir los números que se interceptaron ilegalmente.

 

Las abogadas Consuelo Parra y Lina Sierra, quienes habrían actuado como apoderadas judiciales o delegadas de miembros del Clan del Golfo.

 

Algunos de los presuntamente interceptados: Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Álvaro Leyva Durán y Diego Martínez.

 

Ellos mismos: Luis Carlos Gómez Góngora, jefe de la sala CIAN del CTI y Fabio Augusto Martínez Lugo, antiguo fiscal 5 de la Unidad Nacional Antiterrorismo.

 

 

 

 

Ellos insisten en que “se efectuaron vigilancias y seguimientos en el país y en el exterior de los negociadores de paz mencionados, orden cumplida por el grupo de la DIJIN, por disposición del mismo fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira quien recibía informes diarios de las diligencias adelantadas”.

 

 

Fuente: Texto original tomado del portal semana.com

 

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