Por: Juan Manuel Lopez C.
La única noticia rara no fue la de esta semana de que la Armada Nacional presentó con gran despliegue el decomiso de 12 toneladas o sea 12.000 kilos de droga cuando en realidad fueron solo 16 kilos.
Antes había pasado medio desapercibido un informe del viceministro de Agricultura según el cual el sector habría crecido en el último periodo un 7.8%, el mayor de los últimos 32 años. Lo desproporcionado de tal afirmación en el momento que se habla de un millón de hectáreas perdidas por el invierno, de que 3.000.000 de desplazados abandonaron sus parcelas y en consecuencia la producción correspondiente, que la revaluación del dólar quebró a más del 20% de los floricultores, o que los hatos de Ubaté, Simijacá, Lenguazaque, San Miguel de Sema, disminuyeron su producción lechera, suena de hecho como algo delirante (o inconsciente).
En este caso lo extraño o absurdo se agrava más con lo que sucede en el sector arrocero.
Este producto es prácticamente la actividad principal del campo. Aunque no es en valor la que más pesa (antes están el renglón avícola, el palmero y el cafetero), sí es la que más tierras ocupa, la que más volumen mueve, más transporte genera, más desarrolla los terrenos con los sistemas de riego, es decir es del cual dependen más regiones enteras.
De pronto como una noticia venida de la nada y en contraste con el optimismo de las proclamas oficiales, el ICA declara la emergencia nacional para el sector. Todo se vuelve entonces rumores en los que nadie entiende que está pasando.
Se confirma que no hay inventarios en la bodegas y molinos; que en efecto por vaneamiento hay disminución hasta del 60% de la producción; que son 80.000 hectáreas las afectadas; que está apareciendo una enfermedad de hongo negro que hace que los molineros rechacen simplemente el producto (es decir, que se pierde hasta el 100% de lo invertido); que no hay arroz ni en el Ecuador ni en Perú. En fin, que están dadas todas las condiciones para que el precio se dispare… Pero sucede lo contrario.
En la costa se habla de una licencia de importación del Ecuador por 84.000 toneladas para un molino; que ya se sabe que el barco está ‘anclado en Cúcuta’ y por ahí está entrando la mercancía. De 1.150 pesos por kilo el precio se cae en quince días a 950. Aparecen marcas y logos de arroces provenientes de Argentina. En el Meta y Casanare baja la carga de 127.000 a 105.000 pesos de un día para otro. Fedearroz informa que el contrabando aumentó en un 58% y El Nuevo Siglo desarrolla la noticia diciendo que de 393.712 kilogramos se pasó a 620.284 (como el propósito no es decir que esto es insignificante es de suponer un error y que serían toneladas, caso en el cual representaría la tercera parte del consumo nacional).
La declaratoria de emergencia (¿debería ser de caos?) no va acompañada de ninguna medida para dar respuesta a la situación de los productores. Se les ordena que hagan los cultivos como toca –es decir como lo aconseja la técnica-, y se plantea la obligación de informar sobre brotes de enfermedades y sanciones en caso de no hacerlo.
El mejor resumen es la forma en que fue presentada la resolución en los diferentes diarios: “la emergencia no reviste ningún peligro en la alimentación humana y solo se disminuye el rendimiento de los cultivos y el ingreso de los agricultores”.
