Por: Juan Manuel Lopez C.
Las explicaciones que ha dado son más que satisfactorias y claras: su función es desarrollar las elecciones de acuerdo a la Ley y en eso ha cumplido.Pero pareciera que eso no es lo que interesa, y que las aclaraciones que da respecto a los problemas que se presentan y la causa de ellos cayeran en oídos sordos.
Destaquemos lo que ha dicho:
El origen primario de las dificultades es que estas elecciones fueron de mucha más complejidad que las anteriores: 30% más de votantes; 30% mas de candidatos; dos consultas de partido adicionales.
Esto llevó a diseñar una ampliación a 85.000 mesas y solicitar los recursos para ello y para el manejo correspondiente de Jurados, pedagogía a la ciudadanía, y contratación de tecnología.
Los recursos fueron negados por el Gobierno y tocó manejar toda la elección con el mismo presupuesto de la anterior (actualizado por la inflación). Los jurados no pudieron procesar la totalidad de los votos porque las mesas tuvieron 400 cédulas en vez de 350 y la capacitación fue insuficiente por falta de claridad en cuanto lo que sería el evento (tocó hacer dos cursos).
La responsabilidad legal de la Registraduría concierne a los cargos públicos (Senado, Cámara, y Parlamento Andino), mientras que las consultas de Partidos son certámenes privados para los cuales solo tiene la función de facilitar la organización; las requisitos para la forma en que se deben desarrollar los comicios y el conteo para los primeros, incluyendo los plazos (11 P.M.) y la forma de entrega tanto de los informes como de las actas físicas están determinados en la ley, la cual no aplica a las consultas.
Por eso desde antes de estar determinado cuales serían éstas, y cuando todo giraba alrededor de cómo incidiría el posible referendo reeleccionista en este calendario, se decidió establecer la prelación de esos temas.
El conteo a nivel de cada localidad funcionó correctamente dentro de esas dificultades. Lo que falló adicionalmente sí fue la divulgación de resultados consolidados a nivel nacional; esto sucedió porque UNE la empresa encargada de la parte técnica no previó la cantidad de consultas que llegarían de los medios (repartieron claves de acceso de a 3 por medio pero estos las facilitaron hasta centenares de usuarios al tiempo de tal modo que el sistema ‘se cayó’).
La verdad es que a pesar de que hubiera sido deseable un mejor resultado en cuanto a la información, nada de lo que es propiamente responsabilidad legal es objetable o ha sido objetado, ni han sido insuficientes o poco aceptables las explicaciones; lo que ha creado esta ‘hecatombe’ es el ‘voto finish’ de la consulta conservadora.
¿Será un caso como el de ‘matar al mensajero’? ¿O como el de ‘vender el sofá’?
Tal vez hay algo más: como todo tiene su explicación vale la pena recordar que fue este funcionario el que se negó a ‘apadrinar’ el referendo reeleccionista al no certificar lo correcto de los aportes. Las presiones e incluso amenazas legales de parte del Gobierno no lo convencieron e incluso manifestó que prefería renunciar antes que incumplir su deber. Eso en este Gobierno se paga…
(Falta saber si hay algo más detrás del mensaje de Mingobierno de ‘no hay garantías para las elecciones presidenciales’ -o hasta dónde Uribito lo utiliza en caso de perder).
