Por: Juan Manuel López C
El fallo de la Corte Constitucional puede ser como el choque eléctrico que se le da al moribundo para reactivar su corazón. Pero la negra noche no se habrá acabado si prospera la nueva tesis de que ahora Uribe es el paradigma de los demócratas, que se probó que Colombia no se pliega a las tentaciones caudillistas, o sea, si olvidamos lo que hemos vivido y si, como parecieran decirlo los medios, el ‘¿ahora qué?’ se reduce a saber quién será el heredero de Uribe.
Falta que la Administración de Justicia complete la labor de la Corte y falle respecto a las personas que cometieron las violaciones a la Ley de Bancadas, la Ley reglamentaria del Congreso, la Ley Electoral, etc., señaladas en la sentencia, ya que toda violación a la Ley supone un delito y un delincuente. Que se confirme así el mensaje que envió la Corte al sentenciar que los límites del poder de los Congresistas están determinados en la Constitución y no en un supuesto ‘Estado de Opinión’.
Falta también que se ‘ponga en su sitio’ el poder presidencial, como funcionario y servidor público que es, sometido a los órganos de control y al mandato de las leyes: que la misma Corte Constitucional declare la inexequibilidad de la proclamación de Estados de Emergencia cuando no se dan los requisitos que fija la Constitución; que la Corte Suprema se manifieste frente a la presentación de candidaturas al cargo de Fiscal General de la Nación de candidatos que a todas luces tienen conflictos de interés para ejercer el cargo; que se acabe con la versión del cohecho unilateral a favor de consentidos presidenciales; que el Procurador lo sancione por promover candidatos (Santos y Arias).
Y falta que los falsos positivos, las chuzadas, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, dejen de ser vistos como ‘daños colaterales’ de una política y una ideología que a través de Uribe se le logró vender al país.
Falta que en la elección del 14 de marzo los votantes definan si elegirán a los defensores del modelo económico y político que en estos años se implementó y a los que se guían bajo la ética pública que impuso desde el Gobierno con ‘el fin justifica los medios’, o si votan por quienes proponen un modelo más social, y exigen y ofrecen unos principios diferentes de comportamiento en los servidores públicos.
Contra las tesis Joseobdulianas de que no hay derechas ni izquierdas, el país debe definir la orientación política que desea, escogiendo entre las listas de Derecha representadas por todos los partidos de la coalición uribista; la tendencia de extrema de la izquierda no armada con la propuesta del Polo; y, en las listas del Partido Liberal, entre los candidatos del sector que bajo la anterior Dirección proponía correrse al centro y aproximarse a Uribe, y el de los socialdemócratas que han defendido los postulados y principios de la izquierda liberal.
Cuando tengamos un Congreso limpio, una Administración de Justicia operante, un Presidente que se entienda él mismo como servidor público, que se ataque a fondo la impunidad y se rechace el ‘todo se vale’, solo entonces podremos decir se salvó la Democracia o se salvó el país.
Para que de verdad reviva el Estado de Derecho, de la sentencia deben derivarse consecuencias en todos los aspectos políticos, jurídicos y éticos; mientras esto no suceda apenas podremos decir que pasamos a cuidados intensivos.
