Colombia debe mirar con enorme cuidado cualquier decisión que implique volver a recurrir al Fondo Monetario Internacional.
La experiencia latinoamericana demuestra que, cuando el financiamiento viene acompañado de programas de ajuste, las decisiones fiscales terminan teniendo consecuencias directas sobre el bolsillo de millones de ciudadanos.
El problema no es solamente cuánto dinero se recibe.
La pregunta fundamental es qué condiciones acompañan ese dinero y quién termina pagando el ajuste.
Según Daniel Rojas, Abelardo busca usar al FMI como chivo expiatorio: presenta un presupuesto inviable, culpa al gobierno Petro y justifica así que el FMI elimine derechos constitucionales.
Aunque el FMI afirmó en 2025 que Colombia tiene capacidad para manejar su situación fiscal, ahora Abelardo parecería agravarla para impulsar un plan de austeridad.
La experiencia de Ecuador es una advertencia imposible de ignorar.
En 2019, el programa acordado con el FMI contempló una importante consolidación fiscal y la reducción de subsidios a los combustibles.
El propio FMI reconoce posteriormente que la reforma produjo una fuerte oposición social y que los cambios en los precios de los combustibles estuvieron relacionados con semanas de protestas y graves episodios de conflictividad.
Argentina también ofrece una experiencia que merece ser examinada con atención.
En 2018, el acuerdo con el FMI incluyó como objetivo central reducir las necesidades de financiamiento del Estado y llevar las cuentas fiscales hacia el equilibrio. Aunque el programa contemplaba mecanismos para proteger a sectores vulnerables, el ajuste fiscal (recorte social) formaba parte esencial del acuerdo.
Por eso Colombia no puede aceptar que la palabra “FMI” aparezca como una simple solución contable para tapar un agujero fiscal.
Una deuda nueva puede significar menos margen para financiar salud, educación, vivienda, infraestructura, subsidios y programas sociales mañana.
El propio FMI ha señalado que cerca del 90 % del gasto del Gobierno central colombiano es inflexible porque está determinado por pensiones, salud, transferencias territoriales, intereses y obligaciones legales.
También ha advertido que las dificultades fiscales son importantes y requieren una estrategia de consolidación.
Precisamente por eso el debate debe ser transparente: si se necesita ajustar, ¿quién va a soportar el costo?
Porque una cosa es ordenar las finanzas públicas y otra muy distinta es hacerlo descargando la factura sobres trabajadores, pensionados, estudiantes, familias pobres y sectores vulnerables.
Aunque Petro pagó los más de 5.000 millones de dólares que Duque pidió al FMI, el gobierno actual no está cancelando una deuda vieja: está volviendo a acudir al Fondo tras presentar un presupuesto inflado, con 59 billones adicionales y 155 billones en pagos de deuda para 2027.
Es decir, otra vez el Fondo entra a la casa, y esa visita la vamos a pagar nosotros.
