El gobierno de Abelardo de la Espriella ha impuesto fuertes incrementos en las tarifas de electricidad de los colombianos a partir de octubre, una decisión que representa un duro golpe para millones de hogares y pequeños negocios.
Las alzas afectarán a prácticamente todos los departamentos, con excepción de aquellos golpeados por el fuerte temblor, y serán especialmente dolorosas para la Costa Caribe, una región que históricamente ha soportado tarifas elevadas y un servicio que muchas veces deja mucho que desear.
Lo más indignante es el argumento utilizado para justificar este nuevo golpe al bolsillo
Hacer creer que los colombianos son responsables de los aumentos porque supuestamente consumen demasiada energía. ¡Qué cruel mentira!
¿Acaso una familia enciende sus electrodomésticos por gusto cuando las temperaturas son insoportables?
¿Acaso los pequeños comerciantes pueden trabajar sin electricidad?
Culpar al ciudadano es una manera descarada de ocultar las verdaderas responsabilidades y trasladar la carga a quienes menos tienen.
El castigo resulta todavía más abusivo.
Los usuarios cuyo consumo supere en más de un 10 % el promedio del último año enfrentarán incrementos de hasta el 30 % en los estratos 1, 2 y 3; del 50 % en los estratos 4, 5 y 6; y hasta del 70 % para pequeños comercios.
Son aumentos desproporcionados que pueden obligar a muchas familias a escoger entre pagar la factura o comprar alimentos.
Esto no es justicia.
Es un golpe directo contra el pueblo trabajador. La electricidad no es un lujo: es una necesidad básica para vivir, estudiar, trabajar y conservar los alimentos.
Por eso crecen, con toda razón, los reclamos desde todos los sectores sociales. Colombia necesita tarifas justas, transparencia y soluciones reales, no excusas para castigar al ciudadano.
¡La gente ya está cansada de pagar más mientras otros pretenden lavarse las manos!
