El reciente hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado es una muestra clara de cómo el poder político se inclina ante los intereses de las élites económicas en lugar de representar a la clase trabajadora.
Este episodio es el reflejo de una democracia corrompida, donde la compraventa de votos y el financiamiento privado de campañas electorales determinan las decisiones legislativas en detrimento del bienestar colectivo.
La reforma laboral propuesta contenía medidas que habrían beneficiado a la clase obrera, como la recuperación de recargos nocturnos y dominicales, así como la posibilidad de mejorar las condiciones laborales para millones de trabajadores colombianos.
La derecha eliminó el recargo dominical y nocturno, al igual que la mesada 14 de la pensión con el pretexto de que eso "activaría" la economía, cuando en realidad lo que activó fue la pobreza.
— Alexander Klein (@AlexKleinO) March 13, 2025
Por eso Colombia no solo necesita una #ConsultaPopularYa sino una movilización masiva.
Un senado traidor
Sin embargo, el Congreso, una vez más, decidió legislar a favor de quienes controlan el capital y financian su permanencia en el poder, sacrificando las esperanzas de aquellos que sostienen la economía con su esfuerzo diario.
Detrás de este revés político, no solo se encuentran Álvaro Uribe y sus aliados gremiales, sino también figuras como César Gaviria, cuyo operador en el Senado, Miguel Ángel Pinto, fue señalado como pieza clave en el complot contra la reforma.
Este entramado de poder demuestra que, sin importar los matices ideológicos aparentes, la derecha y sectores tradicionales del liberalismo colombiano actúan en conjunto cuando se trata de proteger los privilegios de unos pocos en perjuicio del pueblo trabajador.
La hipocresía de estos sectores se evidencia en su doble discurso sobre la democracia.
Cuando el Congreso, dominado por intereses privados, hunde reformas que buscan mejorar la calidad de vida de la mayoría, se presenta como un acto de «independencia» legislativa.
Sin embargo, cuando la ciudadanía se moviliza exigiendo cambios y justicia social, inmediatamente se le señala como una amenaza a la estabilidad del país.
Esta narrativa manipuladora ha sido utilizada sistemáticamente para deslegitimar las demandas populares y perpetuar el statu quo.
Uno de los mayores atropellos cometidos por la derecha en Colombia ha sido la eliminación del recargo dominical y nocturno, así como la eliminación de la mesada 14 para los pensionados.
Estas medidas fueron justificadas con la excusa de «activar la economía«, pero en la práctica lo único que lograron fue precarizar aún más las condiciones laborales y aumentar la desigualdad.
La estrategia siempre ha sido la misma: hacer que la crisis recaiga sobre los trabajadores mientras las grandes empresas y los sectores financieros continúan acumulando riqueza.
El Congreso colombiano no representa al pueblo, sino a quienes financian sus campañas. Lo privado domina lo público, perpetuando un sistema injusto.
— GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ (@tavo2366) March 12, 2025
"Mientras el Senado y la Cámara sean financiados por actores con intereses particulares, el Congreso carecerá de legitimidad".…
Congreso no representa los intereses del pueblo
Este panorama pone en evidencia que el Congreso no representa los intereses del pueblo, sino de quienes financian sus campañas y compran su lealtad.
Mientras las decisiones legislativas sigan dependiendo de actores con intereses particulares, el Congreso carecerá de legitimidad y continuará operando como un brazo político de la élite económica.
La democracia, en su forma actual, está secuestrada por un sistema que impide cualquier transformación real que beneficie a las mayorías.
Estar a favor de mejorar los derechos de la mayoría de los trabajadores del país no es ir en contra de las empresas, es apoyar la equidad.
— Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) March 13, 2025
La desigualdad económica reproduce conflictos en los que todos perdemos.
Una sociedad y una empresa más justa y equitativa, es tierra… pic.twitter.com/AACGTci4JD
La indignación ante estos hechos debe traducirse en organización y acción política por parte de la ciudadanía.
Es necesario exigir mecanismos de financiamiento público para las campañas electorales, mayor transparencia en la toma de decisiones y una reforma estructural que garantice la verdadera representatividad en el Congreso.
La lucha por una democracia real, en la que el pueblo tenga voz y voto, es fundamental para romper con el círculo vicioso de corrupción y desigualdad que ha caracterizado la política colombiana.
El hundimiento de esta reforma laboral no es solo una derrota legislativa; es un recordatorio de que el cambio no vendrá de la voluntad de quienes ostentan el poder, sino de la presión y movilización de la ciudadanía.
La clase obrera, los sectores populares y los movimientos sociales tienen la responsabilidad histórica de organizarse y luchar por una Colombia más justa e igualitaria.
Solo así se podrá revertir el dominio de los poderosos sobre la vida política y construir un país donde el bienestar colectivo prime sobre los intereses de una minoría privilegiada.
Por eso Colombia no solo necesita una Consulta Popular sino una movilización masiva.
