Las alarmas ciudadanas y de los veedores públicos vuelven a encenderse alrededor del Gobierno de Abelardo de la Espriella, esta vez por un contrato de $5.389 millones adjudicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) a la Corporación Neomundo para la organización y producción logística de los eventos institucionales de la Presidencia durante los últimos 80 días de 2026.
La información fue reportada este 1 de octubre.
El asunto adquiere especial interés político por los vínculos que, según información pública, conectan a la dirección de Neomundo con el entorno político de Santander y del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.
El actual gerente de Neomundo, Julián Díaz Zambrano, fue funcionario de la Alcaldía de Bucaramanga durante la administración de Beltrán: en 2025 aparecía como jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales. Posteriormente, en diciembre de ese año, fue designado gerente de Neomundo.
La existencia de cercanías políticas, generan temores ante la comisión de un delito o una irregularidad contractual.
Esta circunstancia, sumada a las relaciones políticas y administrativas existentes en el entorno del ministro y su esposa, Paula Ramírez, genera interrogantes que deberían ser respondidos con absoluta transparencia.
Precisamente por eso resulta indispensable conocer cómo se estructuró la contratación, cuáles fueron los criterios de selección, quiénes participaron en la decisión y qué empresas serán eventualmente subcontratadas.
Las dudas adquieren mayor relevancia por los antecedentes de Neomundo.
En 2019, la Contraloría General reportó seis hallazgos relacionados con las obras del centro de convenciones, superiores a $80.000 millones, incluyendo cuestionamientos sobre sostenibilidad financiera, planeación, ejecución y disponibilidad presupuestal.
También señaló que en 2018 los ingresos por alquiler del Gran Salón fueron de apenas $194 millones frente a una proyección de $5.137 millones.
A responder como entidad publica
Más recientemente, una decisión judicial de agosto de 2026 estableció que, para efectos del derecho de petición, Neomundo debe responder como entidad pública debido a la composición mayoritariamente pública de su patrimonio.
Según la providencia reseñada, el 95,36 % del patrimonio fundacional corresponde a aportes públicos.
El contrato del DAPRE merece escrutinio ciudadano, periodístico y de los organismos de control.
Más que anticipar conclusiones, la ciudadanía tiene derecho a conocer toda la trazabilidad de los $5.389 millones, los beneficiarios finales de los recursos y las relaciones que puedan existir entre funcionarios, contratistas y subcontratistas.
