El concepto del “pobre de derecha” describe una paradoja sociopolítica profundamente arraigada en sociedades desiguales como la colombiana.
Se refiere a personas de clase baja o media que apoyan partidos conservadores o de extrema derecha y defienden políticas neoliberales, aun cuando estas suelen perjudicar directamente sus intereses económicos.
Más que una decisión basada en cálculos racionales de ingreso y bienestar, esta postura responde a una búsqueda de dignidad, reconocimiento social y autoestima, frecuentemente manipulada por discursos que explotan la humillación, el miedo al descenso social y la negación del propio origen de clase.
El reciente aumento del salario mínimo en Colombia del 23% ha puesto en evidencia este fenómeno.
Un segmento de la población que gana por encima del mínimo afirma verse “gravemente afectado” porque algunos pagos mensuales han subido en ese mismo porcentaje, mientras sus salarios no lo harán.
El malestar, sin embargo, se dirige casi exclusivamente contra el aumento del mínimo y no contra quienes, aprovechando el contexto, incrementan tarifas sin sustento legal ni económico.
Resulta llamativa la pasividad frente a prácticas abiertamente abusivas.
Empresas de vigilancia privada, por ejemplo, pretenden subir cuotas en 23% o más alegando el alza del salario mínimo, cuando los salarios de los vigilantes los paga la empresa y las tarifas están reguladas por la Superintendencia de Vigilancia, con topes que no están atados al mínimo.
Algo similar ocurre con gimnasios, canchas de fútbol u otros servicios que justifican aumentos desproporcionados sin relación real con sus costos.
En lugar de aplicar la lógica básica de oferta y demanda —dejar de consumir, exigir explicaciones o cambiar de proveedor—, muchos usuarios aceptan resignadamente el abuso.
La contradicción se vuelve más evidente en el transporte público.
Mientras se demoniza el aumento del salario de los conductores, se muestra una sorprendente solidaridad con empresarios de sistemas como TransMilenio que buscan trasladar el alza de costos al usuario, preservando intactas sus utilidades.
La exigencia neoliberal rara vez apunta a que el empresariado asuma parte del ajuste, pese a que es quien concentra las ganancias.
Este comportamiento revela el éxito del adoctrinamiento neoliberal
Se internaliza la idea de que el salario mínimo es un problema, que la mejora del ingreso del más humilde amenaza el bienestar propio, y que las “reglas del mercado” son intocables cuando benefician al poderoso, pero inevitables cuando perjudican al débil.
La falta de solidaridad se vuelve funcional a un modelo donde las pérdidas se socializan y las utilidades se privatizan.
Si se compara la diferencia entre el aumento decretado y el que este segmento considera “aceptable”, el impacto real en sus finanzas es mínimo frente al beneficio tangible para quien vive del salario mínimo.
Sin embargo, esa diferencia “ridícula” se magnifica discursivamente para oponerse a una política que reduce pobreza y desigualdad. Así, Colombia continúa figurando entre los países más desiguales del planeta.
La Constitución de 1991 es clara al respecto.
El salario mínimo no es un umbral de mera supervivencia: el artículo 53 exige que sea vital; el 25 garantiza trabajo en condiciones dignas; el 333 recuerda que la empresa cumple una función social; y el 334 asigna al Estado la dirección general de la economía para mejorar la calidad de vida y distribuir equitativamente los beneficios del desarrollo.
Defender un salario mínimo digno no es populismo: es cumplir la Constitución.
El verdadero problema no es que el mínimo suba, sino que muchos sigan defendiendo un modelo que los convence de odiar lo poco que mejora la vida de otros, mientras toleran que los sigan estafando a ellos mismos.
