La intervención a las EPS es una herramienta utilizada para intentar salvar instituciones en crisis que prestan un servicio esencial a millones de personas.
Sin embargo, una vez intervenidas, es común ver cómo los indicadores de estas entidades se deterioran aún más. Esto ha llevado a una percepción generalizada de que el Estado «empeora» lo que toca.
No obstante, esta narrativa suele ignorar múltiples factores estructurales, financieros, políticos y mediáticos que explican por qué estas entidades colapsan o muestran mayor deterioro tras la intervención.
Las EPS ocultan información clave
En primer lugar, las intervenciones casi siempre descubren una realidad mucho más crítica de la que se conocía públicamente. Las auditorías revelan que muchas EPS ocultaban información clave: pasivos sub-estimados, cuentas por cobrar infladas o incobrables, sobrecostos maquillados y desequilibrios financieros graves que no aparecían en los balances oficiales.
Esta opacidad previa genera una ilusión de estabilidad que se rompe apenas el gobierno asume el control y destapa la verdadera magnitud de la crisis.
El papel de los medios de comunicación
En paralelo, los medios de comunicación tradicionales —en buena medida alineados con intereses empresariales contrarios a la reforma— contribuyen a sembrar pánico entre los afiliados al amplificar los problemas de las EPS intervenidas.
Esto contrasta con el silencio o la minimización de los abusos cometidos por EPS no intervenidas, a las que rara vez se les aplica el mismo nivel de escrutinio. Esta cobertura parcializada da lugar a un doble rasero mediático que daña la confianza pública en las intervenciones, aunque estas sean necesarias.
El papel de la clase política tradicional
A esto se suma la campaña política sistemática en contra de las reformas estructurales en salud impulsadas por el gobierno. Bancadas parlamentarias que históricamente han sido cercanas a las EPS defienden el statu quo y aprovechan cada crisis tras una intervención para alimentar su discurso: que el Estado no sabe administrar.
Esta propaganda política daña la percepción pública, mina la confianza de proveedores y afiliados, e incluso influye en decisiones administrativas dentro del sistema de salud.
El ambiente de incertidumbre generado lleva a muchos prestadores de servicios médicos y farmacéuticos a exigir pagos por adelantado o simplemente retirarse de la red, lo que interrumpe el acceso a servicios y aumenta los costos operativos.
Además, cuando la red de atención se fragmenta, se elevan las tasas de siniestralidad, pues los pacientes pierden continuidad en sus tratamientos o enfrentan mayores tiempos de espera. Las quejas se disparan y los indicadores de calidad se deterioran rápidamente.
La gestión del interventor
Por otro lado, la gestión del interventor suele estar limitada a criterios legales y normativos muy estrictos. Cualquier desviación de la norma puede representar consecuencias penales para el funcionario, lo que lo obliga a actuar con excesiva cautela.
Esta rigidez puede ralentizar procesos que en manos de un privado eran más flexibles (aunque menos transparentes), afectando aún más el desempeño operativo de la entidad.
Un punto clave que no puede ignorarse es que estas intervenciones no van acompañadas de una transformación estructural del sistema. Es decir, se toma el control de una entidad enferma, pero no se le suministra ni el tratamiento adecuado (reforma legal) ni los recursos suficientes para sanarla.
Sin reforma el fracaso es inevitable
En este contexto, el fracaso es casi inevitable, no por culpa del interventor, sino por la imposibilidad de operar bajo reglas viejas con un modelo agotado.
Finalmente, la sobreexposición mediática de los problemas de las EPS intervenidas, en contraste con la invisibilización de las fallas sistémicas del resto del sistema, construye una narrativa engañosa: que la crisis la causa el gobierno y no los años de saqueo y malversación protagonizados por múltiples EPS privadas.
El empeoramiento de las EPS tras ser intervenidas no debe interpretarse como una muestra de incompetencia estatal, sino como la consecuencia de múltiples factores: el destape de una crisis previamente oculta, el sabotaje político y mediático, la desconfianza generalizada y, sobre todo, la ausencia de una reforma profunda del sistema de salud colombiano.
Sin voluntad política para transformar el modelo, las intervenciones seguirán siendo curitas en una hemorragia estructural.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
