Colombia vive nuevamente momentos de tensión institucional tras las declaraciones del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien anunció una reunión entre partidos políticos, el procurador Gregorio Eljach, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el comandante de la Policía Nacional.
Según Cepeda, el objetivo del encuentro es «no repetir los días aciagos del narcotráfico en donde asesinaban candidatos presidenciales o congresionales«, asegurando que “tenemos que defender la democracia”.
Se prenden las alarmas
Sin embargo, las alarmas no tardaron en encenderse en sectores cercanos al presidente Gustavo Petro y dentro de las fuerzas progresistas del país.
La convocatoria ha sido interpretada por muchos como una maniobra peligrosa que busca suplantar al Ejecutivo, pasando por alto la institucionalidad y la separación de poderes que establece la Constitución.
En redes sociales, usuarios identificados con el progresismo comenzaron a utilizar la etiqueta #AlertaDemocrática, llamando a la movilización de las bases populares y democráticas del país.
Los críticos de Cepeda sostienen que esta iniciativa es profundamente antidemocrática y representa una amenaza directa a la estabilidad institucional.
“¿Con quién van a buscar garantías si no se sientan con el obligado constitucionalmente a dar garantías?”, se preguntan desde distintos sectores sociales, aludiendo al hecho de que el presidente de la República es quien, por ley, comanda las Fuerzas Armadas y tiene la obligación de garantizar los derechos políticos en el país.
La pregunta que flota en el ambiente es contundente:
¿Qué hace Efraín Cepeda, sin representación en el Ejecutivo, convocando a las fuerzas militares y policiales a una reunión con políticos, sin contar con la presencia ni el aval del presidente Gustavo Petro?
Desde el Gobierno Nacional no ha habido aún una respuesta formal al anuncio, pero en el ambiente político el malestar crece.
Algunos analistas han advertido que este tipo de actuaciones pueden interpretarse como un intento velado de desconocer la legitimidad del presidente, o incluso como una forma de “golpe institucional blando”, una figura que ha sido utilizada en otros países para referirse a maniobras legales o semilegales desde el Congreso o las Cortes para desestabilizar gobiernos electos democráticamente.
La figura del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, no es ajena a la controversia.
Hace pocas semanas, en un tono que muchos consideraron provocador, se autodenominó como “el jefe de la bandola” que busca hundir las reformas sociales del gobierno Petro, en referencia a las reformas laboral, pensional y de salud, actualmente estancadas en el legislativo.
Esta frase generó indignación en la opinión pública y fue tomada como una confesión del rol obstruccionista que ha asumido frente al proyecto político del actual mandatario.
Para algunos sectores progresistas, la reunión propuesta es una forma de rodearse de actores institucionales para reforzar una narrativa de “crisis de seguridad” que justificaría acciones que podrían erosionar el poder presidencial.
Alerta democrática
Es por esto que se ha pedido que las organizaciones sociales, los partidos democráticos, los sindicatos y la ciudadanía se mantengan en estado de alerta democrática para evitar que se consume una acción que, en su opinión, va en contravía de la voluntad popular expresada en las urnas en 2022.
La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo parece crecer cada semana, y este nuevo capítulo puede ser un punto de inflexión.
Lo cierto es que una reunión de esta magnitud, sin la presencia del presidente de la República, representa un hecho inédito y potencialmente peligroso para la democracia colombiana.
El país, una vez más, se encuentra ante un dilema de fondo: ¿se respetarán las reglas del juego democrático o se abrirán caminos paralelos que socaven el orden constitucional?
