En Colombia, la derrota electoral de la clase política tradicional en las presidenciales marcó el inicio de una campaña sistemática de sabotaje contra el nuevo gobierno.
Las élites que por décadas controlaron los poderes públicos — ejecutivo, legislativo, judicial y mediático— no han aceptado que el pueblo eligiera un proyecto alternativo, uno que prometía reformas sociales, justicia laboral y dignidad para las mayorías históricamente marginadas.
Desde el primer día del mandato progresista, los sectores derrotados han empleado todos los recursos a su alcance para bloquear las iniciativas del ejecutivo y erosionar su legitimidad.
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El congreso, controlado en gran parte por partidos de la vieja política, ha recurrido a maniobras dilatorias, trampas procesales y filibusterismo para impedir la aprobación de las reformas propuestas por el gobierno.
Estas reformas, lejos de ser caprichos del ejecutivo, hacen parte de su plan de gobierno, el mismo que fue respaldado por millones de colombianos en las urnas.
A pesar del mandato popular, el legislativo ha optado por obstaculizar sistemáticamente cada intento del presidente por cumplirle al pueblo que lo eligió.
Pero el asedio no se detiene allí. Desde el poder judicial también se han interpuesto demandas, suspensiones cautelares y pronunciamientos que, lejos de defender la institucionalidad, han sido usados como instrumentos para deslegitimar y frenar al ejecutivo.
Esta alianza tácita entre el legislativo y el judicial ha configurado una suerte de cogobierno opositor, donde quienes perdieron las elecciones terminan gobernando por la vía de los hechos, pasando por encima de la voluntad popular.
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A esto se suma el papel de la prensa tradicional, que ha actuado más como un aparato de propaganda del viejo régimen que como un contrapeso democrático.
Medios alineados con las élites neoliberales y conservadoras han construido un relato permanente de crisis, caos e ilegitimidad, criminalizando cada acción del gobierno, distorsionando sus propuestas y magnificando cualquier error. No han informado: han militado activamente contra el cambio.
En este contexto, la decisión del presidente Petro de acudir a una Consulta Popular para que el pueblo se pronuncie sobre las reformas laborales no es un acto autoritario, como aseguran sus detractores, sino un ejercicio legítimo y democrático.
Es una respuesta a la parálisis institucional provocada por una oposición que no ha sabido jugar limpio. Consultar al elector primario es un recurso constitucional válido, sobre todo cuando el congreso se niega a legislar lo que el pueblo exige.
Sin embargo, esta iniciativa ha desatado una oleada de reacciones virulentas por parte de quienes han saboteado las reformas desde el principio.
Efraín Cepeda, presidente del Senado y figura emblemática de la clase política tradicional, ha acusado al ejecutivo de violar la Constitución y de instaurar una dictadura.
Cepeda omite que fue él mismo quien, meses atrás, se autoproclamó líder de la “bandola” que se encargaría de detener las reformas del gobierno progresista.
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Resulta paradójico que ahora se presente como víctima de una supuesta arbitrariedad, cuando ha sido protagonista del bloqueo institucional más descarado en tiempos recientes.
Lo que ocurre en Colombia no es una dictadura del ejecutivo. Es, más bien, una dictadura velada ejercida por una oposición que, sin ganar las elecciones, pretende gobernar, que bloquea, sabotea y usa la legalidad como disfraz para encubrir su desdén por la democracia.
La verdadera amenaza para el Estado de Derecho no está en el Palacio de Nariño, sino en ese viejo poder que no tolera haber sido derrotado por el voto popular y que está dispuesto a incendiar el país con tal de recuperar lo que perdió en las urnas.
