En la USO queremos que Ecopetrol lidere la transición energética, por eso defendemos su carácter público, porque si no lo hace Ecopetrol, como empresa pública, lo harán multinacionales.
Estamos presentes en el sector económico que genera mayor riqueza pública y privada en Colombia, mayor plusvalía, mayores ingresos en divisas: el petrolero. Al mismo tiempo, es también una industria que genera debates por su futuro y “enfermedades” económicas provocadas por las decisiones de la oligarquía colombiana de desindustrializar el país, de mantener el campo en el feudalismo, de no generar crecimiento económico, de no tener un Estado que invierta, que genere prosperidad, para lo que habría que tener un sistema fiscal muy distinto al presente.
El petróleo es la principal fuente de recursos para las limitadas políticas sociales diseñadas por la tecnocracia al servicio del poder hegemónico, a partir de su interpretación neoliberal de la carta de derechos sociales de la constitución de 1991. Y lo es porque el sistema tributario del país está diseñado para que las grandes fortunas no paguen impuestos, entonces se finge con la renta petrolera tener un Estado Social de Derecho.
Creíamos que el petróleo tenía los días contados por agotamiento físico, hoy no es así, pero si es posible llegar a un agotamiento político de la industria petrolera. La transición energética se está acelerando, pero no será automática ni tan fácil, menos en nuestro país y menos aún si no tenemos el poder político para hacerla como nosotros la queremos, para beneficio del pueblo colombiano.
Nosotros en la USO hemos soñado y luchado por un modelo petrolero más justo, más democrático y nacionalista, pero estas élites opacas, colonizadas y violentas hasta la médula, nos lo impusieron de la peor manera y nos han impedido negociar la agenda energética. Ha sido y es un asunto de correlación de fuerzas que podemos y queremos cambiar.
La transición energética no es una opción, es una necesidad. El mundo avanza hacia allá debido al agravamiento de las condiciones ambientales del planeta y a la reacción ciudadana mundial frente a la minería.
Hasta el gobierno colombiano habla de eso, pero como negocio para multinacionales y no como un camino para generar trabajo decente y más recursos para disminuir las enormes desigualdades sociales y territoriales que impiden el desarrollo del país con enfoque de derechos.
Nosotros queremos que sea Ecopetrol quien lidere esa transición energética. Por eso defendemos su carácter público y todas las iniciativas que alrededor de ese propósito se adelanten. Si no lo hace Ecopetrol, como empresa pública, lo harán empresas multinacionales. Por eso la primera tarea debe ser defender este patrimonio que es de todos. No nos vamos a bajar del bus al que subimos hace 97 años.
Ecopetrol no necesita cambiar su vocación o su naturaleza jurídica para adelantar proyectos de energías verdes. Ya lo está haciendo, por ejemplo, con un pequeño proyecto solar en el departamento del Meta, pero le falta más iniciativa, más recursos para investigación e inversión, más proyectos, más decisión política.
Y manteniendo a Ecopetrol como empresa pública, necesitamos el poder político. El poder político para poder hacer la agenda y no tener que ver como la hacen los de siempre.
Podemos tener buenas ideas e iniciativas, pero sin capacidad de implementarlas, quedarán en los anaqueles de las bibliotecas. Seguiremos profundizando un modelo extractivista, sin ninguna transición hacia un modelo energético mejor. Más democrático.
Mucho petróleo y mucho carbón seguro se quedarán enterrados. Pero aparte de esa concepción técnica de la transición, nadie sabe cómo hacerla y cómo implementarla.
Como dijera el profesor Moisés Wasserman recientemente: “La transición será un proceso complejo, una combinación de estrategias. Quien afirme que sabe cómo se va a hacer y prometa una fórmula mágica o está mintiendo o no ha entendido el problema.” No se trata de hacer simplemente una comparación con otros países, incluso, más desarrollados.
Precisamente la OIT dijo sobre el particular que: “Las políticas y los programas han de elaborarse teniendo en cuenta las condiciones concretas de cada país, como, por ejemplo, su grado de desarrollo, los sectores económicos y el tipo y tamaño de las empresas.”
No se conoce aún cómo se van a remplazar los recursos mineros y como se van a paliar los efectos nacionales y regionales ni tampoco los impactos en las comunidades y los trabajadores.
No hay una sola política pública que esté hablando de eso. Nosotros como sindicato construiremos con otros actores académicos, sociales, globales, una propuesta de transición energética justa y se la entregaremos al país para la discusión pública, asociada al control del Estado, de la industrialización, de la diversificación económica, de la reconversión profesional y de la reducción del consumo de energía.
Apagar los pozos y cerrar las minas suena fácil. Pero no lo es. Hace poco, los campos de Casabe y Tibú estuvieron parados y en esas regiones se sintió el impacto económico, social y laboral. Es la mejor evidencia empírica de que seguimos dependiendo del crudo.
El cierre, como política de choque de la producción nacional de petróleo y la refinación de combustibles, nos obligaría a su importación, a reabrir las plantas de carbón o la producción de carbón de leña para cocinar. Un remedio peor que la enfermedad.
Lo necesario hoy es el conocimiento, la ingeniería, la tecnología propuestas razonables y diálogo entre los múltiples actores del sector. ¿O no hemos aprendido de las consecuencias qué el neoliberalismo nos ha dejado con sus políticas de choque?
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