Por Horacio José Serpa
Ecopetrol no ha dicho toda la verdad sobre el derrame petrolero en el pozo Lizama 158. Así lo expresaron el Ministro de Ambiente y la directora de la Agencia de Licencias Ambientales.
Estos dos altos funcionarios también han denunciado que la Empresa Colombiana de Petróleos no actuó a tiempo, no tenía un plan de contingencia preparado, no había actualizado la información y no contaba con los equipos y el personal necesarios para atender un derrame de crudo.
Es muy preocupante que en la zona del actual desastre ambiental existan otros 14 pozos inactivos y abandonados, sobre los que la Contraloría General ha hecho advertencias de potenciales riesgos desde 2016, sin que Ecopetrol hubiese actuado de manera diligente.
La emanación de fluidos tiene un efecto desastroso sobre el medio ambiente, afectando, además, la calidad de vida de centenares de familias, que perdieron sus animales, cosechas, viviendas y su principal fuente económica: la pesca.
Los efectos dañinos no sólo han impactado a los habitantes de la Fortuna en Barrancabermeja, sino que también están empezando a hacer mella en la economía de Puerto Wilches y Sabana de Torres.
Las quebradas Lizama y Caño Muerto presentan daños casi que irreversibles. Y la mancha de petróleo ya alcanzó el río Sogamoso, con los efectos perjudiciales que ello representa para el sistema ambiental de la región que, según expertos, demoraría por lo menos 20 años en recuperarse.
Toda esta situación es muy lamentable e implica la adopción de varias medidas de forma inmediata. La primera, es que la empresa ECOPETROL proteja los derechos de las personas afectadas e indemnice a los pescadores de la zona; además de implementar para ellos un plan de mediano y largo plazo.
La segunda medida es controlar de inmediato los derrames y evitar que en los pozos que están inactivos y abandonados en la zona se repita una situación como esta.
La tercera, es emprender un plan de recuperación y protección de la fauna y la flora, además de la descontaminación de las fuentes hídricas, que hoy presentan daños críticos.
La cuarta medida es que la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, investiguen a fondo este caso y sancionen a los responsables, especialmente en este momento cuando se ha conocido que Ecopetrol sabía de las fallas que se presentaban en este pozo y que están documentadas en informes entregados a la Agencia Nacional de Hidrocarburos desde 2015.
Somos conscientes que en la industria extractiva se pueden presentar este tipo de emergencias, pero lo que es inaceptable es que no existan protocolos de respuesta rápida y eficaz para evitar daños mayores.
Las imprevisiones técnicas y las demoras en la reacción generan duda entre la población sobre la responsabilidad con que se ejecutan algunos proyectos de explotación petrolera.
Aspiramos que a las familias que se han visto afectadas por esta emergencia ambiental, tanto el gobierno nacional como Ecopetrol les protejan completamente sus derechos y sean indemnizadas como corresponde. Estaremos vigilantes para que ello se cumpla.
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