Por: Juan Manuel López C.
La posibilidad de que el Estado de California mediante referendo despenalice el consumo, la producción y la venta de marihuana ha producido el efecto que debería haberse producido hace tiempos: que se discuta que pasaría en ese caso; y que se inicie por lo menos el debate para entender mejor el problema de las drogas.
Existen diferentes drogas y sobre todo diferentes categorías de drogas, tanto en cuanto su uso como a su peligrosidad. Se habla de las ‘blandas’ y de las ‘duras’ pero las distinciones deben ir más allá: unas son desarrolladas para el mundo de la drogadicción propiamente (vicio, dependencia, delincuencia, etc.) y requieren de procesos tecnológicos complementarios (heroína, cocaína, LSD, etc.); otras tiene origen en tradiciones culturales y su uso es parte de las costumbres recreativas sociales (coca, marihuana, alcohol). Se puede discutir mucho sobre las características de unas y otras, pero lo importante es diferenciarlas y renunciar a ese enfoque de ‘tolerancia cero’ que confunde todas en una sola categoría.
Penalización, criminalización, y legalización son conceptos de significado diferente. Una cosa es el permiso absoluto, otra cosa la prohibición que lleva a una posible sanción sin que se considere delito o crimen (v.gr. que sea solo una contravención sujeta a multa) y otra el tratamiento de criminal. El término apropiado y la política más conveniente pareciera ser la regulación, es decir, un manejo similar al alcohol, que pone condiciones para su consumo, se busca su reducción mediante medidas económica –impuestos que además financian esas políticas-, y se establece como delito con cárcel en determinadas condiciones (v.gr. manejar después de consumir cierta cantidad).
Por supuesto no es lo mismo hablar de la dosis y el consumo personal que del tráfico. Referirse a lo primero es más del mundo de una víctima –inicialmente de quien lo inició y después de una enfermedad como puede ser la adicción-, mientras el caso de lo segundo trata ya de un elemento antisocial no solo respecto a quien es explotado, sino en su relación con el conjunto de la sociedad.
Lo paradójico es que la ‘cumbre de Tuxla’ en lugar de aprovechar el momento, el tema (la droga blanda por excelencia y la más inocua de ellas), y lo que pesa el sitio del referendo (donde bajo el pretexto del uso medicinal ya existe de facto esa libertad, el primer productor del mundo, el Estado más grande de los Estados Unidos, quien a su turno es promotor de la políticas y de los tratados internacionales sobre drogas ), no ha producido ninguno de estos análisis, sino, por el contrario, una posición cuasi unánime de no entrar de ninguna manera en ellos. Llegando a prescindir de los temas principales como serían: el resultado más que reconocido del fracaso de tal política; el de dónde se genera el problema –o sea el consumo- (desplegando el argumento de la ‘corresponsabilidad’, pero para que se mantenga esa política que como lo repiten somos nosotros quienes la pagamos en costos y en sangre); o el de cuales o de quienes son los intereses involucrados (el Presidente Santos se queja de que nos tocaría encarcelar aquí a quienes por hacer lo mismo pero allá no serían sancionados, pero sin mencionar el absurdo de que eso correspondería a una política que desde allá se impone y no por una decisión nacida de nosotros y en defensa de nuestros intereses).
