Por: Juan Manuel López C
Parece que el desespero del Dr. Uribe ante la imposibilidad de reelegirse por las vías legales, y la falta de respaldo a la posibilidad de que se siga por el camino de hacerlo ‘a las buenas o a las malas’, lo han llevado a desmedirse en el abuso de su condición de presidente, y a dedicar descaradamente todos los recursos de la Nación a una campaña para imponer el ‘Estado de Opinión’ sobre lo que queda del Estado de Derecho.
Por eso inventa o asiste a toda clase de eventos donde su condición obvia es de protagonista principal, y, a pesar de nunca haber atendido una invitación que no fuera de los grandes medios, se auto invita a todas las emisoras locales para divulgar las ‘realizaciones’ de sus gobiernos y responder a todas las inquietudes de la ciudadanía. Así todo debate gira alrededor de cada declaración que hace y cada novedad que inventa, y desaparece del escenario lo que hacen o proponen quienes podrían reemplazarlo.
Las medidas que toma, más que abusivas o autocráticas son improvisaciones poco estudiadas, con la consecuencia que, además de violar la ley, logran el resultado contrario a lo que ella pretende; y, en cuanto al objetivo que buscan, son poco apropiadas o francamente inconvenientes.
Es el caso de la ‘emergencia social’ y los decretos consecuentes. La violación a las normas es evidente: no estábamos ante una situación imprevisible; los temas tratados no son conexos con la motivación de la declaratoria; no se puede cambiar una ley estatutaria mediante decretos de emergencia; se da una reforma tributaria por fuera del trámite legal; etc. Y se ‘universaliza’ la salud por lo bajo, contrariando lo que la ciudadanía espera y lo que la ley prescribe; no se corrige el supuesto de que los afiliados al régimen contributivo respaldarían cada vez más al régimen solidario; no hay estudio y menos solución en relación a lo que entonces debería completar el Estado para que se nivelen los ingresos y los gastos; y se dejó sin resolver, y diferido a unos futuros decretos reglamentarios, el detonante del problema del ‘no POS’ (qué cubriría y con qué recursos). La no consulta a los estamentos afectados negativamente -los profesionales de la medicina y los usuarios (las EPS tampoco lo fueron pero el objetivo fue beneficiarlas)-, y su reacción, así como el reconocimiento del Ministro de Protección Social de ‘que era posible que se hubieran equivocado en la redacción de los decretos’, lo dicen todo.
Lo último es la propuesta de vincular a mil estudiantes a la ‘red de cooperantes’. Es violatorio tanto de las normas como del fundamento mismo del Derecho Humanitario, al volver a los no combatientes parte del conflicto. Pero sobre todo trae más inseguridad a la población estudiantil puesto que pone a todos sus miembros bajo riesgo de ser tomados como parte de tal red, e invita a falsas denuncias y/o a falsos positivos; por no decir nada del mensaje ético que envía (alguien decía ‘es el reclutamiento para un ejército, pero de sapos’). La reacción del país, incluyendo a la Ministra de Educación, son dicientes de lo delirante de tal idea; y las pseudo aclaraciones del Ministro de Defensa y del propio Presidente lo confirman.
Tales medidas no pueden ser solo porque al Dr. Uribe ‘se le subió el poder a la cabeza’: nace la duda si, más que consecuencia del desespero, son simplemente que se volvió loco…
