La senadora del partido verde Angélica Lozano y su bancada “independiente” han generado controversia al difundir una noticia confusa y en muchos aspectos inexacta sobre el presupuesto destinado a las elecciones del 2026.
Este episodio ha generado un profundo debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos al comunicar información y las implicaciones de manipularla con fines políticos.
Todo comenzó cuando la congresista, desde su cuenta de Twitter, afirmó que el presupuesto presentado por el gobierno para las elecciones de Colombia había sido reducido en un 70%, insinuando que existían irregularidades y recortes sospechosos por parte del gobierno a las instituciones encargadas del proceso electoral.
Pero tómese por lo menos un tiempo prudente para leerla estudiarla tratar de aportar ideas antes de salir a atacar con cizaña algo que por tiempo no ha podido ni leer, ni estudiar, ni mucho menos aportar ideas 💡
— Barrancabermeja Virtual (@BcaVirtual) September 24, 2024
A pesar de que la congresista no consultó primero con el gobierno esta aparente situación en aras de aclarar la posible confusión y/o error, la noticia rápidamente se esparció, siendo amplificada por su bancada y otros actores políticos afines.
El problema radica en que la información presentada por la congresista era imprecisa y, en varios puntos, directamente falsa.
La cantidad de dinero asignada para las elecciones había sido propuesta conforme a las normas y regulaciones establecidas, y aunque el presupuesto era diferente en comparación con elecciones pasadas, esto se debía a la implementación de nuevas medidas de transparencia, tecnologías de votación y mejoras logísticas necesarias para garantizar un proceso más seguro y eficiente. Ninguna de las supuestas irregularidades mencionadas tenía sustento.
A medida que la noticia circulaba, se creó una matriz informativa completamente distorsionada.
Los medios de comunicación, algunos de manera intencionada y otros por falta de verificación, replicaron las declaraciones de la congresista, generando confusión en la opinión pública.
La idea de que el gobierno estaba recortando recursos a la Registraduría y al CNE para no hacer elecciones caló en diversos sectores de la sociedad.
Lo preocupante es que, a pesar de las evidencias que contradecían esta versión, ni la congresista ni su bancada rectificaron o reconocieron el error.
Al contrario, continuaron propagando la desinformación, lo que generó un clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de organizar las elecciones.
El gobierno no le va a quitar dinero a la registraduría ni al CNE.
— Barrancabermeja Virtual (@BcaVirtual) September 25, 2024
Terminó siendo falsa la denuncia de la oposicion sobre el desfinanciamiento de la Registraduria y del CNE.
Finalmente “Se decreta el presupuesto que el Gobierno inicialmente presentó al Congreso”.
“ El… pic.twitter.com/fi43OP7bTb
Este tipo de tácticas son vistas por muchos como estrategias para debilitar la credibilidad del gobierno y las instituciones democráticas, lo que resulta extremadamente peligroso en un contexto político ya polarizado.
A medida que se fueron publicando los desmentidos por parte de expertos en finanzas públicas y funcionarios del gobierno, quedó claro que la noticia difundida por la congresista no solo era incorrecta, sino que también tenía un objetivo político claro: deslegitimar el proceso electoral.
Sin embargo, en lugar de corregir la información y ofrecer disculpas a los ciudadanos por la confusión generada, los responsables se mantuvieron en silencio o incluso redoblaron sus acusaciones, defendiendo su postura con argumentos vagos y sin fundamentos.
Este tipo de comportamientos han llevado a muchos a cuestionar el papel que algunos políticos desempeñan en la difusión de noticias falsas o tergiversadas.
Regaladas salen caras
Las palabras de ciertos críticos han sido contundentes: «Regaladas salen caras estas congresistas«. Esta expresión, que ha ganado tracción en redes sociales y conversaciones públicas, hace referencia al costo social y político que tiene el actuar irresponsable de algunos miembros del Congreso.
Aunque puedan parecer discursos inofensivos o estrategias de oposición política, en realidad, estas acciones erosionan la confianza en las instituciones y alimentan la polarización social.
#Urgente Acusan a la oposición de haber saboteado con información confusa y mal intencionada la discusión del presupuesto general de la nación para el 2025. "No sean falsos, forzaron decreto presidencial" dura crítica del presidente de la comisión económica. #Importante pic.twitter.com/bn6mULdrdE
— Barrancabermeja Virtual (@BcaVirtual) September 25, 2024
El daño causado por la desinformación en este caso va más allá de un simple error de cálculo.
Afecta la credibilidad del proceso electoral, uno de los pilares fundamentales de la democracia. Además, al no reconocer los errores ni ofrecer disculpas, los responsables perpetúan la desconfianza en el sistema, lo que a largo plazo puede tener consecuencias devastadoras para la estabilidad del país.
Este episodio sirve como recordatorio de la importancia de la responsabilidad en la comunicación política. Los funcionarios públicos tienen el deber de ser transparentes y precisos en la información que comparten, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como el presupuesto electoral.
La difusión de noticias falsas o tergiversadas no solo pone en riesgo el proceso democrático, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y socava la cohesión social del país.
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