En tan solo una semana las oligarquías colombianas ensayaron, por arriba y por abajo, dos estrategias destituyentes contra el gobierno de Gustavo Petro.
La primera fracasó y la segunda sigue cocinándose a fuego lento.
Parece que la prosperidad económica del país, los altos índices de aprobación y las garantías de gobernabilidad que promueve el gobierno del cambio tiene enloquecido a un establecimiento acostumbrado a gobernar mediante la lógica de la guerra y el sufrimiento generalizado de su pueblo.
En un intento por emular la derrota de Salvador Allende en Chile, estas élites quisieron poner en jaque a Gustavo Petro con un “paro empresarial” del transporte.
Simularon una lucha gremial cuando en realidad se trataba de una medida golpista liderada por empresarios y políticos de extrema derecha. Es importante resaltar que esa estrategia la habían ensayado un mes atrás a pequeña escala en el Cauca, región que une a Colombia con el sur del continente, mediante un fallido corte de la carretera Panamericana.
Esa vez se trató de un supuesto paro indígena que en realidad estuvo liderado por empresarios locales del transporte y el crimen organizado.
Tuve la oportunidad de observar esta operación en primera persona, ya que me encontraba viajando por la Panamericana cuando los camiones, coordinados por personas que manejaban camionetas 4×4, iban decidiendo dónde y cómo cortar la carretera.
A raíz del corte no pudimos continuar el viaje y nos tocó pasar la noche en el hotel más cercano.
Se trataba de un pueblo de comercio prehispánico que hoy funciona como punto de acopio de la cocaína para su distribución por carreteras secretas que desembocan en el mar pacífico.
Como no podía ser de otra manera, el único hotel del pueblo era en realidad un narco hotel de origen mexicano, con habitaciones sin ventanas, camas y televisores de lujo y una simpática cantina donde pasaban corridos durante toda la noche.
Lo importante a resaltar acá es que, a pesar de este chantaje corporativo, el Pacto Histórico supo estar a la altura de las circunstancias poniendo fin al paro en tiempo récord y sin derramar una gota de sangre.
Se trató de un escenario muy distinto al paro de un mes que padeció el gobierno Santos con un saldo de 2 muertos y 100 heridos y, ni qué decir, al paro de tres meses que la sociedad colombiana en su conjunto le hizo al gobierno de Duque con un saldo de 80 asesinados y 250 heridos.
Pero a pesar de la gran capacidad de Gustavo Petro para gestionar este conflicto y garantizar la gobernabilidad del país, las oligarquías locales no renuncian a su espíritu golpista y ahora tomaron la decisión de usar el Consejo de Estado como su caballo de Troya.
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Es importante recordar que hasta hace pocos años el poder judicial en Colombia contaba con el prestigio de sus diferentes Cortes y Consejos, lo cual garantizaba cierta justicia y sensatez institucional en medio de la narco-hegemonía uribista.
Más aún, estos espacios fueron el principal dolor de cabeza de Álvaro Uribe Vélez durante sus dos gobiernos, parándose en seco y declarando inconstitucional su deseo de ir por un tercer mandato presidencial.
Tras ese revés sufrido, Uribe se encargó maniaticamente de ir permeando las diferentes cortes y consejos del poder judicial hasta cooptarlos, enredarlos con el crimen organizado y, en varias ocasiones, ponerlos a su favor.
Salvo contadas excepciones, estos espacios judiciales están degradados y en varias ocasiones los instrumentalizan fuerzas políticas de derechas y poderes oligárquicos del país.
En esa dirección, el Consejo de Estado acaba de lanzar dos medidas deliberadamente políticas (y muy poco jurídicas) contra Gustavo Petro.
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La primera, más simbólica que efectiva, consiste en un pedido público de disculpas por parte de Petro a Enrique Vargas Lleras, tras denunciar sus turbios negociados dentro del sistema de salud colombiano.
Con esta denuncia pública, Petro no buscaba otra cosa que recordarle a la opinión pública algo que se viene investigando hace años y que aún sigue impune: la cultura contratista que vincula a las tradicionales familias políticas del país con dudosos negocios millonarios realizados con el Estado colombiano.
Con esta denuncia puntual, Enrique Vargas Lleras quedó en el ojo del huracán por sus nexos con un desfalco millonario propiciado dentro de la entidad Nueva EPS.
Las EPS (Entidades Promotoras de Salud) son entidades intermediarias encargadas de gestionar el sistema de salud de todos los colombianos, una especie de tercerización del sistema de salud que recibe cuantiosas sumas de dinero tanto de sus afiliados como del Estado.
Este monstruoso engendro, nacido de la ley 100 aprobada durante el gobierno de Uribe, y que buscaba “dizque” descentralizar y transparentar el sistema de salud, terminó siendo utilizado para desviar fondos y permitir el enriquecimiento ilícito de una buena parte de la oligarquía del país.
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No hay que perder de vista que Enrique Vargas Lleras, además de pertenecer a una de las familias políticas más importantes del país, es el hermano de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de Colombia durante el segundo mandato de Santos y uno de los hombres que mejor conoce cómo funciona el Estado colombiano.
Para decirlo de manera sencilla, mientras Germán participaba en la arquitectura del Estado, Enrique, su hermano, se encargaba del manejo de los recursos económicos que Nueva EPS recibía de ese Estado que su hermano aprendió a usar tan hábilmente.
Este ejemplo concreto sirve para entender que la riqueza de una buena parte de las familias oligárquicas del país nace de la teta del Estado.
Pero a estas familias contratistas, acostumbradas a mirar por encima del hombro a su propio pueblo, nos les gusta que se ventile este mezquino secretito nacional.
Y como la costumbre en Colombia es que la vergüenza no quede del lado de quien comete el crimen sino de quien lo denuncia, los hermanos Vargas Lleras usaron la arquitectura de un Estado que manejan al dedillo como coto privado para exigir la retractación de nada más ni nada menos que el presidente de la República.
En el fondo, con esta acción gamonal, propia de la lógica señorial de la ofensa, estos hermanos trataron de vengarse y hacer una demostración de poder mediante un sádico ejercicio de humillación personal.
Es posible que desde su punto de vista vivan esto como un pequeño triunfo con el que lograron “limpiar” su apellido y restituirle su “linaje”, pero desde el punto de vista de millones de colombianos este apellido lleva mucho tiempo manchado de corrupción, violencia y despojo.
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En lo que se refiere a la segunda medida, esta sí debe despertar todas nuestras luces de alarmas, puesto que están buscando destituir a Petro como presidente de la república.
Golpismo contra Gustavo Petro
— Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) September 9, 2024
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Como se ha vuelto costumbre en la región, si prestamos atención a los golpes blandos en Honduras, Paraguay, Bolivia, Brasil y Perú, la oligarquía colombiana intentará hacer uso de este recurso tan de moda como poco democrático.
En esta ocasión, el Consejo Electoral está haciendo empleó un documento de la sala de consulta del Consejo Estado para despojar a Petro de su fuero constitucional, tratar de suspenderlo de sus funciones y habilitar una investigación sobre supuestos topes de dinero superados durante la campaña presidencial.
Cabe resaltar que no es competencia de este Consejo decidir sobre la permanencia de un presidente en el poder y, menos aún, volver a estudiar algo que fue investigado en su momento dentro de los plazos completados por la constitución.
Por eso, lo que queda en claro es que se trata de nueva avanzada destituyente sostenida a punta de dudosos y rebuscadísimos tecnicismos legales; pero lo que queda más claro aún, como pudimos ver con el dúo dinámico Vargas Lleras, es que los poderes oligárquicos en Colombia acusan a Petro de lo que ellos mismos practican de manera sistemática, a saber: un uso impune del dinero público de todos los colombianos.
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Pero lo más paradójico de todo esto es que las mismas fuerzas políticas que ponen el grito en el cielo por la falta de democracia en Venezuela son las que vienen cocinando a fuego lento este golpe de Estado en Colombia.
Si Petro ha cometido algún crimen es el de haber mostrado que en Colombia es posible aunar crecimiento económico con prosperidad social y felicidad del pueblo, mediante un Estado presente que asume su rol reparador, incluyente y conciliador.
En su gobierno, La Paz Total no opera como consignas vacías sino como el material de trabajo con el que día a día el Pacto Histórico construye una nueva hegemonía social en un país donde siempre gobernó la lógica de la guerra y la violencia.
El desafío que debe afrontar el Pacto Histórico es inmenso, puesto que se trata de cambiar la cultura política de un país acostumbrado a la impunidad y a dejar fuera de juego a quien piensa (y hace) distinto.
Pero no hay que olvidar que Petro ya ha sido destituido de un cargo público cuando era alcalde de Bogotá.
Tampoco hay que olvidar que solo gracias a la presión popular en las calles el establecimiento colombiano se vio en la obligación de restituirlo como alcalde.
Y, por sobre todas las cosas, no hay que olvidar que gracias a ese inesperado apoyo masivo en las calles Petro salió fortalecido y terminó encarnando la fuerza social de un cambio histórico en el país.
Se vienen unos meses muy complicados para la vida democrática de Colombia, y la clave está en saber que la pelota quedó del lado de su pueblo.
Si este es capaz de hacer valer la dignidad histórica que lo ha caracterizado, no dudo en que sabrá encontrar la forma de reclamar su derecho y su deseo de vivir en una Colombia diferente.
Porque todos sabemos que esta feroz arremetida de las oligarquías no es contra la figura puntual de Petro sino contra la fuerza histórica que él representa y que se cifra bajo el nombre del pueblo de Colombia.
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Luciana Cadahia es una Filósofa latinoamericana. Feminista del campo popular. Coordinadora de la red populismo, republicanismo y crisis global (@Redpopulismo). Miembro de @ieccs que puede ser localizada en X como @lucianacadahia
