Hace pocos días, al ver el informe que sobre un caso específico de corrupción elaboró el buen y valiente periodista Juan David Laverde en Noticias Caracol —que les recomiendo ver—, reflexioné sobre la pésima labor de las autoridades para desmantelar y poner tras las rejas, salvo casos excepcionales, a todos los integrantes de organizaciones criminales disfrazadas de clanes y grupos políticos cuyo objetivo no es otro que el de apoderarse del erario, negocio que se pasan de generación en generación y sin importar las bajas que vayan quedando en el camino, si es que en un caso extremo las hay.
No es ningún secreto que la contratación estatal de la nación, las alcaldías y las gobernaciones tristemente se ha convertido en guarida de políticos bandidos al acecho de los presupuestos oficiales, en terrible connivencia con particulares disfrazados de empresarios, cuando en realidad no son más que, unos y otros, vulgares bandidos expertos en inventarse, diseñar y ganar licitaciones amañadas.
En el mencionado informe de Laverde se da cuenta de un episodio más de corrupción en el que se ve involucrada la organización política regional del clan Aguilar en Santander.
El trasfondo del asunto:
La existencia de una presunta organización criminal vinculada a ellos, insisto, disfrazada de agrupación política regional, encabezada, dependiendo del momento histórico, por algún miembro de ese clan creado por Hugo Aguilar, un ex coronel que se volvió gobernador de Santander y fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica e inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos por sus nexos con las AUC.
Mejor dicho: “casi nada”. Sin dejar de mencionar el haber protagonizado un escándalo mediático por ser propietario de un lujoso Porsche que ostentosamente manejaba al mismo tiempo que se reía de la justicia, jurándole no tener dinero para indemnizar a sus víctimas.
Volviendo al informe de Laverde, se advierte que los hijos de Aguilar heredaron esas “ganas de servirle a la gente” y ese “amor por lo público” que en realidad es “servirse de lo público”.
Allí está el relato de una “linda parejita”.
Claudia Yaneth Toledo, ex secretaria de Infraestructura de Santander, y su esposo, integrantes del mismo hogar pero también miembros de la misma organización criminal, quienes declararon y aportaron pruebas (videos, chats y documentos) que demostrarían que en Santander, durante los cuatro años en que Richard Aguilar —hijo de Hugo— fue gobernador, existió una red encargada de elaborar y direccionar licitaciones sastre (hechas a la medida del contratista) a cambio de multimillonarias coimas equivalentes a un porcentaje sobre el valor de los contratos (15% aprox.), lo cual es tan frecuente como criminal.
En este informe también son bastante reveladoras las presuntas promesas de los jefes del clan Aguilar para evitar que la pareja de esposos acepte una condena, garantizando que no delatarán (sapearán) a quienes en realidad son los peces gordos de la corrupción, para lo cual les prometen, incluso, una especie de manutención mientras cumplen la condena.
O sea, para que sus hijos lo tengan todo y solo extrañen a sus corruptos padres.
Pero también es escalofriante ver en ese informe de Laverde que ser condenado e ir a la cárcel es visto como un hecho simple y bastante transitorio, casi que eventual.
Eso demuestra una vez más que el “éxito” de estas organizaciones criminales de políticos está no solo en robar, sino en poder negociar con las autoridades para que, al poco tiempo de estar tras las rejas, los condenados vayan a gozar del botín en sus mansiones por cárceles, no se toque a los peces gordos y el negocio siempre esté con el ojo de águila puesto en un contrato.
Hoy los Aguilar siguen reinando en Santander.
Hugo fue gobernador y está condenado; Richard fue gobernador y ahora es senador, inmerso en este gigantesco escándalo; hoy Mauricio es el gobernador, antes senador. Y los escándalos los sortean con una gran y diseñada sonrisa, sin siquiera sonrojarse, porque si bien Colombia no es de ellos, Santander sí.
Fuente: El Espectador
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