Las zonas que configuran el área de influencia (A.I) de los proyectos 5-G en Santander se caracterizan por su lejanía de los centros urbanos, la mayoría son comunidades empobrecidas con el paso del tiempo y con una sensación de la ausencia del Estado que se refleja en sus carencias de servicios públicos, educación, salud, recreación y vías de comunicación; también la inexistencia de una economía formal y el abandono a su propia suerte frente a los grupos al margen de la ley, de un bando u otro; además el aumento del comercio ilegal y el surgimiento de bandas delincuenciales y muchos factores que, día a día, atizan más la pobreza.
En este escenario, la presencia de cualquier empresa en la zona que represente, directa o indirectamente, la acción del Estado, será aprovechado por estas comunidades, líderes sociales y políticos para exigir reivindicaciones de aquellas “deudas históricas” que, consideran, el Estado tiene con ellos. De ahí que es muy importante que las empresas que ganen estos proyectos, por medio de una concesión que le puede garantizar una presencia en la zona por más de 25 años, tengan en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Como ya lo mencioné, los proyectos se desarrollarán en zonas con grandes conflictos históricos que las comunidades rápidamente los harán notar y sobre los cuales les exigirán su intervención. Las empresas deben saber identificar esos conflictos y apartarse de ellos, pues esos conflictos están allí y seguirán existiendo mientras no haya una intervención directa del Estado.
2. Es probable que alguno de estos asuntos generadores de conflictos se intensifique con la llegada del concesionario a la zona, por ejemplo, el desempleo. Las comunidades exigirán a las empresas que les contraten la mano de obra no calificada y, en algunos casos, calificada; también pedirán la contratación de volquetas y algunas maquinarias, además la prestación de servicios como restaurantes, hoteles, etc.
3. Sin duda con el desarrollo del proyecto surgirán nuevos conflictos por asuntos propios del proyecto y que la empresa deberá solucionar; los más comunes son aquellos relacionados con temas prediales, ambientales y sociales. Para ello el consorcio contará con un eficiente sistema de quejas y reclamos que, además de atender oportunamente las preguntas, debería servir como un sistema de alertas tempranas para prevenir los conflictos.
Este es el escenario con el que se van a encontrar las empresas a quienes se concesionen estos proyectos, por eso es importante que, desde el inicio, levanten un mapa de conflictos y de actores que les permita saber qué temas deben abordar y con quienes; no hacerlo es incurrir en un error muy común de muchas empresas que creen todos los conflictos tienen que ver con ellos y que su presencia es única en el territorio, desbordando así su capacidad de acción y reacción frente a ellos.
Por otro lado, algunos de estos tipos de conflictos señalados, se pueden prevenir desde ya. Me refiero a aquellos que tienen que ver con el empleo, la contratación y seguramente algunos impactos sociales.
Me explico:
Cuando llegue el momento, el concesionario a cargo, buscará operadores de maquinaria pesada, volquetas doble troque, empresas que presten servicios de vigilancia, soldadura, baños portátiles, suministro de alimentos, confecciones, entre otros; también buscará técnicos, tecnólogos y profesionales de distintas áreas. Entonces surge la pregunta que dejé en el artículo anterior:
¿Estamos preparados?
¿Se han realizado acciones en procura de preparar las comunidades, organizaciones, empresas, funcionarios e instituciones para el desarrollo de los proyectos?
En todos estos años, que se han venido estructurando estos proyectos, todo el mundo sabe que se van a ejecutar y aún estamos a tiempo para prepararnos institucionalmente y socialmente para sacar el mejor provecho de ellos por el impacto que generarán en la región.
Creo que la ANI y el Ministerio de Transporte podrían hacer algo, apoyando a la gobernación de Santander y a los municipios, para preparase y prevenir esos conflictos emergentes, porque, seguramente, algunos si se vienen preparando, pero para presentar sus demandas a los nuevos concesionarios y realizar bloqueos a los proyectos, retrasando su tiempo-camino y generado muchas pérdidas para las empresas, las comunidades y el Estado.
Como dicen por ahí, después vienen los «ayayay» … y no hay tiempo de llorar.
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ALVARO VECINO PICO, sociólogo, especialista en docencia universitaria y especialista en instituciones jurídico-políticas y de derecho público. Puede ser contactado en el correo electrónico: [email protected]
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