Por Horacio Serpa Uribe
El Proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) fue enviada por el Congreso Nacional al presidente de la República, para sanción.
En círculos políticos y en medios de comunicación hay muchos comentarios según los cuales se está haciendo una enorme presión al Presidente Duque para que lo objete.
Una decisión de esta naturaleza sería un golpe fuerte al Acuerdo que el país convino con las antes llamadas Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Farc., puesto que podría echar por la borda los esfuerzos que el pueblo colombiano y la mencionada guerrilla hicieron para acabar con el alzamiento armado.
Sería también un contrasentido sabiéndose que el Proyecto ya fue revisado por la Honorable Corte Constitucional.
Es un decir que el pueblo no aprobó los Acuerdos, porque en el Plebiscito el NO sacó 55.000 votos más que los logrados por los partidarios del SI. La referida es una cifra írrita en un universo de 13 millones de votos, menos del medio por ciento.
Pero, además, el pueblo, mucho más allá del que participó en la elección, aprobó la realización del Proceso de Paz desde su inicio.
Como si fuera poco, ese Acuerdo inicial fue modificado atendiendo el 95% de las propuestas que hicieron los voceros auténticos del NO en las reuniones posteriores a la votación, luego de lo cual el Congreso Nacional, auténtico representante del pueblo colombiano, lo aprobó con las modificaciones, todo lo cual fue declarado exequible por la Honorable Corte Constitucional.
El Acuerdo contiene un Capítulo por medio del cual se establece que los guerrilleros serán juzgados por la Justicia Colombiana, único caso del mundo por el cual la insurrección que se vincula a la democracia de un país sin haber sido vencida va a ser juzgada por sus acciones durante la rebeldía.
Nunca ocurrió en nuestra historia de tantos acuerdos entre instituciones y revolucionarios, de tantos pactos, amnistías y armisticios. No es impunidad sino buen ejemplo para el mundo. Por eso y para eso se creó la Justicia para la Paz, como hay Justicia Ordinaria, Justicia Administrativa, Justicia Constitucional, Justicia Penal Militar.
El Gobierno Nacional tiene el deber de apoyar el Acuerdo, máxime después de que las Farc cumplieron su principal compromiso, entregar las armas y vincularse a la democracia y a sus instituciones.
Esta guerrilla se acabó como tal y hoy es un Partido Político. Así lo ha entendido el jefe del Estado, pero muchos de sus colaboradores y socios piensan de otra manera y en su remolona manera de actuar pretenden que se vuelva a la guerra. Es absurdo en extremo.
La JEP, que puede imponer sanciones de hasta 20 años de cárcel, no se aplicará solo a los guerrilleros.
También pueden someterse voluntariamente a su jurisdicción los miembros de las Fuerzas Armadas y los civiles comprometidos en hechos relacionados con el conflicto armado.
Me uno a los que demandan justiciera y democráticamente la sanción a la Ley de la JEP y el respeto a esta jurisdicción constitucional.
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