Por: Juan Manuel López C.
No son pocos los problemas que atraviesa Colombia. Unos de mala suerte -asociada un poco con errores en la ingeniería nacional- como los casos de Hidroituango, el puente de Chirajara, la carretera al Llano (y otras carreteras).
Aunque se le ha dado más despliegue de lo que representa, la consulta anticorrupción muestra otra de las grandes preocupaciones.
También la muerte de líderes sociales, y el extraño comportamiento de Iván Márquez y otros jefes de la guerrilla insinúan que la paz puede complicarse.
La falta de operación de la rama judicial y los debates alrededor de su reestructuración señalan una de nuestras fallas más grandes.
La ola de inmigrantes no es tampoco problema menor. Como tampoco lo es el crecimiento de los cultivos de coca, o el del hacinamiento en las cárceles como violación a los Derechos Humanos.
En fin, otros son los acumulados por falta de solución y con reformas pendientes, como las pensiones, la electoral o de la salud, o aquellos por falta de políticas como el sector agropecuario con situaciones insostenibles como el café, el arroz, la leche, la Palma.
Pero sin lugar a duda donde todos convergen -y que debe ser tratado como urgente con la inminente reforma tributaria- es la situación económica (infortunadamente lo urgente desplaza lo importante).
La situación fiscal es comprensiblemente -y previsiblemente- dramática: nos montamos en unos gastos permanentes basados en unos ingresos transitorios con el impuesto de guerra y los de la amnistía que entraron en los últimos tres años y desaparecieron para el actual presupuesto; y lo que se haya podido subsanar ha sido doblando el endeudamiento externo, subiendo de sesenta mil a ciento veinte mil millones de dólares en 4 años.
La volatilidad del precio del petróleo, que cuando la brusca baja sirvió de explicación para justificar malos resultados, hoy con la brusca alza casi nada ha podido corregir.
La previsión de 190 billones de pesos para la consejería para la Paz (ahora también para la Legalidad y la Convivencia) necesita un reajuste según el Comisionado recién posesionado.
El Ministro de Hacienda informa que el proyecto de presupuesto presentado para aprobar en estas sesiones tiene un faltante de 25 billones.
Ante esto lo que es difícil de entender es la lógica del ministro.
Dice que se debe gravar la canasta familiar porque no es correcto que los más ricos se aprovechen no pagando por esos consumos.
Pero al mismo tiempo señala lo insignificante que es para ellos ese gasto, en contraste con el peso que tiene para los otros estratos.
Destaca además que esos ‘ricos’ no representan ni el 5% de la población; es decir que el ingreso para el Estado sería mínimo, pero afectaría gravemente al 95% de los colombianos.
Como si fuera poco la idea de devolver a los estratos 1y 2 lo recaudado, costaría más que los ingresos por cuenta de esa minoría.
Propone también aumentar ese IVA, y al mismo tiempo que habla del faltante, propone además bajar el impuesto a las empresas que él mismo dice representan más del 85% de los recursos.
Lo último es que responde que se buscarán otras fuentes de ingresos diferentes de los impuestos, pero sin insinuar siquiera cuáles serían.
Así lo que más debe preocupar es lo confuso que parece lo propuesto por Dr. Carrasquilla.
Supone ser un representante idóneo de la ortodoxia prevaleciente, reconocido y respetado por quienes determinan cómo funciona el país (desde los órganos internacionales hasta los ‘cacaos’ y los dirigentes gremiales).
Pero se olvida que tuvo que salir del mismo cargo cuando bajo la presidencia de Uribe planteó propuestas tan impopulares como insólitas y heterodoxas como la generalización del IVA a toda la canasta familiar o cuando sugirió que el problema era lo alto del salario mínimo.
Hoy repite las mismas ideas, pero explicando que son solo las propias y no necesariamente las del Gobierno. ¿Cómo distinguir cuándo habla como lo uno y cuándo como lo otro?
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