Por: Edwin Palma Egea
Se fue Juan Manuel Santos de la Casa Nariño y de la presidencia de la República después de ocho años. Se benefició de la reforma al “articulito” que le dejó su antecesor, pero al mismo tiempo lideró la eliminación de la reelección en Colombia.
De Santos podemos decir muchas cosas, pero la más importante es el acuerdo de paz que terminó el conflicto armado con las Farc. Menos muertos y menos víctimas de la guerra y la que fue la guerrilla más vieja del mundo transitando a la política legal. Acuerdo que está casi todo por implementar, y que no es más que un catálogo de reformas para iniciar el camino de modernización de este país tan atrasado.
Santos se jugó su capital político en esta sola apuesta.
A Santos le debemos que se reviviera el Ministerio del Trabajo, después de ocho años en que los temas laborales estuvieron en el ostracismo. Gracias al sindicalismo y a la presión internacional de gobiernos como EE. UU., la Unión Europea y Canadá, creció el número de inspectores y fueron multadas varias grandes empresas por usar los pactos colectivos y la ‘tercerización’ laboral ilegalmente, algo se avanzó en eso, pero no mucho. La OIT apoyó al Mintrabajo capacitando a los inspectores y les entregó nuevos manuales de inspección para combatir prácticas laborales ilegales que se habían vuelto costumbre en el país por parte de los empresarios.
Aunque no hubo reformas legales de mayor impacto a favor de los trabajadores, el Ministerio de Clara López, por ejemplo, dejó proyectos de ley o de decreto sobre temas pendientes e importantes, como la representación y la representatividad sindical y para la ratificación de varios convenios internacionales, los cuales fueron archivados por la ministra Griselda.
En el gobierno de Santos se ratificó el convenio 189 de la OIT que les permitió a las trabajadoras domésticas avanzar en el camino de la igualdad laboral al adquirir derechos como la prima legal de servicios y que se formalizara su empleo. Pero la consagración normativa, no quiere decir que la realidad haya cambiado mucho.
Se estrenó el decreto 160 de 2014 con el cual se le dio cumplimiento al convenio 151 de la OIT sobre negociación colectiva de los servidores del Estado, y se firmaron varios acuerdos multinivel en el sector público, entre esos, el del Ministerio del Trabajo, después de que sus mismos trabajadores hicieran una huelga. Sin embargo, el gobierno ha incumplido casi todo lo acordado.
En el gobierno de Santos la violencia antisindical bajó, los sindicatos y su liderazgo no fueron señalados o estigmatizados desde la Casa de Nariño como ocurrió hasta 2010 y hubo algo más de garantías para sus actividades sindicales y sus jornadas de movilización y protesta.
Santos cumplió la cuarta parte de su promesa de volver a las seis de la tarde el inició del recargo nocturno a los trabajadores que nos arrebató la reforma laboral uribista de 2003. El gobierno de Santos también intervino positivamente para el levantamiento de la huelga de los compañeros tercerizados del sector de la palma que permitió la formalización laboral de más de 800 trabajadores.
Santos se despide con una ley, pequeña, pero importante a favor de los vigilantes del país con unas condiciones laborales mínimas para ese importante sector de los trabajadores, donde aún impera el anti sindicalismo y el militarismo.
Pero fue mucho más lo que nos quedó debiendo. En su campaña de reelección Santos nos prometió derogar esa reforma laboral de Uribe y restablecer la jornada nocturna y el recargo dominical. También reducirles a los pensionados los aportes a salud, en esto incumplió los acuerdos de frente y sin rubor.
Nos dejó la misma cultura antisindical que puede leerse en las peticiones del Consejo Gremial al gobierno entrante. No se combatió ese “derecho laboral del enemigo” donde los empresarios creen que sus trabajadores son contradictores y más, si son organizados. Nos dejó esa cultura de que «es mejor no acordar sino imponer un aumento del salario mínimo».
Santos también les incumplió a las madres comunitarias, a pesar de que en su gobierno les garantizó el pago de un salario mínimo y formalización laboral parcial, les quedó debiendo el reconocimiento de las pensiones y de sus relaciones laborales con el Estado como alcanzó a declararlo la misma Corte Constitucional.
Nos quedó debiendo la ley estatutaria de garantías para las organizaciones sociales producto del acuerdo de paz, también la ley de huelga, la de eliminación de pactos colectivos y la de poner en cintura la tercerización laboral abusiva por parte de los empresarios.
Nos quedó debiendo un final feliz y legal en la huelga de Avianca. Su ministra no intervino asertivamente, sino que polarizó los extremos con los resultados que hoy todos conocemos.
Nos quedó debiendo el estatuto del trabajo y seguramente muchas cosas más, pero podemos decir que avanzamos.
Ojalá en este gobierno que empieza no retrocedamos, cuente el señor presidente y la señora ministra de Trabajo que lucharemos para avanzar. Que el gobierno de Duque lo tenga claro.
Ojalá no nos maten en el intento.
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EDWIN PALMA EGEA, abogado especializado en Derecho Laboral, Magister de la Universidad Externado de Colombia, es dirigente Sindical de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo —USO—, actualmente su vicepresidente.
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