Por: Darío Echeverry Jr.
¿Estaremos en ese periodo de transición política y social donde se acaba un fenómeno de violencia y se genera otro?
La situación del país es confusa, las organizaciones que protagonizaron la violencia en el país en las últimas décadas se acabaron en su mayoría y están apareciendo otros grupos.
Ya no se habla de grupos paramilitares o guerrilleros, sino que se hablan de disidencias y grupos post desmovilización, pero todos tienen un denominador común son organizaciones esencialmente criminales, su dimensión política ha desaparecido, y es la participación en el negocio de las drogas lo que impulsa su funcionamiento.
Se aprovechan de que el país ha cambiado poco, la presencia del Estado sigue siendo precaria, además sigue sin recuperar el monopolio de la fuerza, la inequidad ha crecido, el acceso a bienes y servicios públicos sigue siendo limitada, áreas del territorio nacional siguen estando por fuera del control de las instituciones estatales, entre otras cosas, lo que constituye un terreno propicio para el desarrollo de sus acciones delictivas y violentas.
Además de esta situación delincuencial hay todo un contexto político que se desarrolla a la par, que se caracteriza por una polarización política visible desde hace varios años y que hasta el momento no ha adquirido una dimensión violenta.
También, hay una situación de seguridad precaria para líderes sociales, donde las amenazas y asesinatos vienen debilitando las reclamaciones sobre reivindicaciones sociales, el proceso de restitución de tierras, entre otras cosas, en comunidades de territorios especialmente vulnerables por la situación social y debilidad manifiesta del Estado.
Asimismo, los partidos políticos se debilitan y fenómenos como el clientelismo y el caudillismo crecen, en el marco de una débil educación política, la falta de valores cívicos, las dificultades en la convivencia ciudadana y la escasa confianza en la democracia.
Muchos de estos elementos y hechos son similares a los que estaban presentes cuando se gestaron fenómenos de violencia anteriores, como la violencia bipartidista o la guerrillera, lo que podría establecer un escenario para que una nueva manifestación de violencia se presente.
La posibilidad de afianzar la paz y generar una reconciliación en el país se complica en medio de un contexto tan difícil, pues es claro que el Estado ha logrado que varias organizaciones armadas se reincorporen a la vida civil pero ha sido incapaz de fortalecer la presencia integral del Estado en territorios vulnerables, donde esos mismos grupos mantenían control, lograr que los desmovilizados hagan el tránsito a la civilidad de manera segura y completa y que las fuerzas militares tomen el control de esos lugares para evitar que grupos disidentes o delincuenciales aprovechen los vacíos de poder para asumir el control de esas áreas.
En esta realidad, la incapacidad del Estado para consolidar lo que ha logrado en los procesos de negociación puede convertirse en otro elemento de gestación de violencia.
Definitivamente el reto es fortalecer el Estado para poder frenar la generación de la próxima violencia, lo que hace imprescindible que en el contexto de las elecciones presidenciales que se aproximan, sea indispensable que la ciudadanía vote por aquella propuesta que permita realmente consolidar la paz y avanzar en la reconciliación, es decir que realmente reconozca estos elementos y hechos que se presentan y busque solucionarlos de manera definitiva. Lo que se juega no solo son unas elecciones sino un cambio político y social.
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