Por: Juan Manuel López C
Respecto al fenómeno de los ‘indignados’ se ha dicho que es la ‘crisis del capitalismo’ o que es el resultado de la aplicación del ‘modelo neoliberal’. Cierto, pero tan obvio como lo del bobo del pueblo que sabía quién se había robado el cáliz de la iglesia pero no quería decirlo hasta que al fin decidió revelar que fueron los ladrones. Claro que lo que se está viviendo y contra lo que se está protestando es la consecuencia de las políticas aplicadas; lo que pasa es que eso no dice cómo o porqué éste desarrollo.
La explicación más generalizada es que la clase media no encuentra satisfechas sus nuevas necesidades y manifiesta su inconformismo con su rol en la sociedad exigiendo un reconocimiento de sus nuevos derechos. Si antes se consideraba que estaba en sándwich entre una clase alta muy poderosa y una clase baja muy numerosa, hoy es el grueso de la población y como tal debe ser ‘para la clase media, con ella, y por ella’ que se ejerce el gobierno y se debe dirigir la atención del Estado.
Ya no se satisface o no la caracteriza la aspiración a tener algunos electrodomésticos, sino busca carro, casa y educación superior. Y no lo ve como un privilegio o un favor que le otorga quien detenta el poder sino un derecho al cual todos deben tener acceso.
Este desfase entre una nueva estructura social que requiere más administración, más funcionarios, más capacitados, y la organización institucional para atender esta evolución se intentó responder con la idea de que el ‘orden natural del mercado’ (o sea del poder) era una alternativa eficiente y más fácil. Resultado: el principio de ‘el pez gordo se come al chico’ se manifestó en las relaciones sociales pero el sistema no maneja la suerte del pez mediano.
En diferido estamos entrando en lo mismo en Colombia. Ejemplo puede ser el de la creación de nuevos departamentos de un día para otro con la Constitución del 91 y los cargos por elección de Gobernador, Alcalde, 6 o 8 diputados, otros tantos Concejales, y los despachos de los diferentes Secretarios. Es evidente que no existía la formación entre los pobladores para ejercer esas funciones, que nacieron administraciones improvisadas, y que solo la habilidad para conseguir votos definía quienes responderían por ello.
Y lo mismo se sigue viviendo en diferentes campos. Tal el caso de la propuesta reforma a la Administración de Justicia, donde se propone que particulares sin preparación ni vocación para ello –Notarios, abogados litigantes, etc.- podrían acabar siendo los encargados de subsanar el vacío creado por la falta de una escuela y una carrera diseñadas para tal propósito.
O en el otro extremo, el sistema carcelario no solo en personal sino en instalaciones es incapaz de manejar el incremento en delincuencia –generado a su turno por la mayor cantidad de interacciones entre los ciudadanos y la falta de respuesta del Estado para que estas se desarrollen en armonía (desempleo, desigualdad, marginalidad, exclusión, etc.)-. Por eso se improvisan leyes como la de exonerar de cárcel a todos los delitos que ameritan menos de tres años, o dejar libres a los 30.000 (¿o 50.000?) desmovilizados, o dar casa por cárcel a quienes pueden darse ese lujo (¿Quién de los de abajo que está en prisión tiene casa para beneficiarse de esa opción?).
