Por: Juan Manuel López C.
Amerita comentarios la entrevista del grupo informativo de Caracol a toda la cúpula militar con su Ministro a la cabeza. Sobre todo por el significado de hacerlo en razón del éxito de haber dado de baja en combate a Alfonso Cano.
De destacar que se ve una cohesión, mejor sintonía o afinidad, entre el titular del despacho y las cabezas de las diferentes armas, cosa que no se había visto hasta ahora bajo ninguno de los anteriores Ministros.
Interesante en especial fue el análisis del fuero militar que presentó el Dr. Pinzón. Al respecto hay demasiada confusión o incomprensión, y aunque sus comentarios se orientaron más a aclarar el problema que ha debatir la bondad o no del proyecto presentado y votado el día anterior en el Congreso, vale la pena tomar en cuenta lo que aporta para un análisis jurídico.
Mencionó que ante un conflicto armado el militar actúa bajo las condiciones que regularía el Derecho Internacional Humanitario, pero que después se enfrenta a que sus acciones son enfocadas dentro del contexto de los Derechos Humanos. Con esto ilustra un aspecto poco entendido como es el de la diferencia entre estas dos jurisdicciones: en el DIH se parte de una situación de ‘leyes de la guerra’ en las que ninguna parte tiene jerarquía sobre la otra y lo que define son las obligaciones de los combatientes respecto a los no combatientes, mientras que el ámbito de los Derechos Humanos se aplica a la jurisdicción de los Estados ante los ciudadanos y la obligación de los primeros de imponerlos y de los segundos de respetarlos.
Complementó esto el General Navas explicando que sobre el terreno no tiene el combatiente la perspectiva de la planeación ni de la estrategia detrás del combate, sino le toca actuar y tomar decisiones muchas veces solo en función de la circunstancias que en ese momento vive, lo cual en principio lo comprenden quien están formados para eso y lo han experimentado –por ejemplo quienes conforman un tribunal militar- pero no quien solo conoce de artículos y códigos.
El debate respecto al ‘fuero militar’ no se refiere a la impunidad o grado de impunidad que los debe acompañar –como parece malentenderse-; el fuero militar en realidad es toda la Justicia Penal Militar, en el sentido que es la jurisdicción a la cual están sometidos a los miembros de las fuerzas armadas. Tener fuero no se refiere a tener un privilegio sino a que, por tener responsabilidades y facultades que no tienen los otros miembros de la sociedad, se requieren reglas especiales para juzgarlos. Por ejemplo la deserción o la agresión a un superior son delitos que no puede cometer un civil, por lo tanto no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria.
Lo que se busca tramitar en el Congreso es que la Justicia Militar tenga ‘poder preferente’ sobre la ordinaria; es decir, que se presuma como parte de sus funciones todo lo que sucede en una acción militar –y por lo tanto asuman los tribunales militares el juzgamiento-, y que solo en casos definidos por una instancia especial -y que serían excepcionales- pueda pasar el juicio a conocimiento de los tribunales civiles.
El otro tema importante que se intentó desarrollar se encontró por el contrario con evasivas: ante la pregunta sobre el costo del operativo la respuesta fue en alguna forma que el costo es lo de menos ante el resultado obtenido.
Ese tema se traslada a toda la operación de guerra.
La correlación de fuerzas se ha inclinado a favor de las Fuerzas Armadas Gubernamentales mediante una profunda restructuración y profesionalización gracias a un importantísimo flujo de recursos para su modernización. Su resultado es la imposibilidad de las FARC de enfrentar la aviación y la inteligencia tecnológica, acabando con su capacidad de mantener una confrontación abierta contra las fortalecidas estructuras de las Fuerzas Armadas del Estado. Pero su retorno a la modalidad de la guerra de guerrillas plantea al mismo tiempo serias dificultades a las Fuerzas Gubernamentales en su objetivo de aniquilarla.
La pregunta es cómo justificar el altísimo costo de mantener esta situación. Las fuerzas armadas suman ya casi 500.000 efectivos, una de las mayores del mundo en proporción a la población, e igualmente en costos en proporción al presupuesto (EE.UU con su función de gendarme del mundo y guerras en todo el planeta no destina más del 4% de su PIB mientras para nosotros es más del 6%, con más de 20 billones de pesos al año). La experiencia de la muerte de Raúl Reyes, Iván Ríos y el ‘Mono Jojoy’, lo mismo que la de la desmovilización individual, bajas y capturas de miles de sus guerrilleros, ha probado la gran capacidad de reposición de la guerrilla tanto en la dirigencia como en la tropa. No es probable que con la muerte de Cano esto se altere.
En términos económicos hace rato que entramos en rendimientos marginales decrecientes, es decir que el incremento en el gasto produce cada vez menos en resultados adicionales.
En la tropa guerrillera probablemente no hay una motivación o construcción ideológica claramente definida. Responden a la caracterización de ‘desempleados armados’ que hace que entre los motivos de protesta y la necesidad de ingreso caigan en la tentación de ingresar a esas filas. No puede ser que piensen que en verdad están en la posibilidad de cambiar el sistema político y económico actual. También es previsible que los golpes asentados y su vinculación con el narcotráfico hayan desarticulado la unidad de mando y exista una tendencia a volver a ese grupo una federación de bandas delincuenciales. Pero sería un error desconocer que los dirigentes están motivados por una convicción –errada pero no por eso menos arraigada- de que con las armas traerán una nueva Colombia; ni tampoco olvidar que una nueva Colombia la anhelan no solo esos que se fueron al monte, sino muchos de los que, aunque rechazan la vía armada, comparten el descontento con el sistema.
Con un coeficiente Gini de concentración de la tierra de 0.87 y siendo el tercer país del mundo en desigualdad no posible que no sea un propósito también del Estado y del Gobierno un cambio de ese estado de cosas.
La pregunta es si no vale la pena cosechar los frutos de la ‘estrategia Santos’ de debilitar la insurgencia golpeando los cabecillas, y proponer ahora una negociación que al tiempo que coincide o se acerca en alguna forma a los motivos o pretextos de su lucha (como ya lo son las leyes de víctimas, de tierras, o de justicia transicional) nos permite pensar en la paz.
La pregunta es si vale la pena montar una operación contra Timochencko como la que acabó con Cano; si una paz con la guerrilla sin reformas socioeconómicas no nos llevaría a algo como El Salvador o Guatemala que hoy tienen los índices de homicidios más altos del mundo; es seguro que mejores resultados se obtendrían destinando esos recursos a desarticular esa capacidad de reposición mediante inversiones sociales –educación, salud, techo-, y reorganización del campo colombiano para generar fuentes de empleo diferentes a la violencia y la delincuencia.
El último mensaje de Cano fue el interés de las FARC en buscar un diálogo; como siempre se puede desconfiar suponiendo que era una estratagema para ganar tiempo; pero es Usted quien debe decidir si con la operación se dio la muerte al mensaje o al mensajero.
