Por: Juan Manuel López C.
No hay nada sobre lo cual se debata más que sobre lo conocido y claro. Sucede algo parecido a cuando dos interlocutores acostumbrados a llevarse la contraria se encuentran de acuerdo, y entonces les toca inventar posiciones contrarias a la propia para poder contradecir a la contraparte.
Es el caso de las interceptaciones del DAS donde el tema es bastante elemental:
-Ha sido más que establecido que se cometió un delito al espiar desde las agencias del gobierno y sin proceso legal a una serie de personas (que van desde líderes de la oposición, pasando por magistrados de la Corte Suprema, e incluyendo misiones de organismos internacionales; y con instrumentos desde rastreo de llamadas, pasando por seguimientos con los propios escoltas, hasta grabadoras debajo de la mesa de las sesiones de la salas de la Corte).
-Lo que se ‘investiga’ es quién es el responsable de esto.
Nadie duda que, al igual que en las novelas policiacas, lo que define -o más correctamente, definió- y lo que es el camino para averiguarlo es encontrar a quién beneficia. Después viene la parte probatoria de las famosas circunstancias de ‘tiempo, modo y lugar’ que prueban la eventual culpabilidad en un juicio.
En este caso nos encontramos con que la dificultad reside en la inexistencia de ‘prueba reina’ o de documento concreto que en un proceso judicial confirme lo que es absolutamente obvio.
Un paralelo posible es con el famoso asesinato de Thomas Becket: cuenta la historia que el Rey de Inglaterra Enrique II desesperado por que quien había sido su canciller en las luchas por imponer la autoridad del monarca sobre la iglesia, una vez nombrado Arzobispo de Canterbury –o sea cabeza de la iglesia local- se convirtió en la contraparte del poder laico y el defensor radical de la autonomía eclesiástica. Desesperado, en algún ataque de ira Enrique II de Inglaterra habría suspirado “ojalá alguien pudiera liberarme de este incómodo personaje”, y cuatro nobles muy serviciales entendieron que cumplían su voluntad asesinando a Beckett en las escaleras de la catedral.
Nunca se estableció si hubo intención de dar tal orden o si fue exceso de celo por parte de los asesinos, pero quedó registrado para la historia como el ejemplo de hasta dónde los subalternos pueden exagerar en la intención de servir al amo.
Otra interpretación puede ser algo parecido a lo que se cuenta –probablemente más leyenda que cierto- de la forma en que el Emperador Hirohito mandó bombardear Pearl Harbor. Como encarnación que era de la deidad no se rebajaba a la comunicación directa con sus súbditos (la primera vez que oyeron su voz fue cuando anunció la rendición del Japón ante los aliados), y por eso se expresaba ante su funcionarios de manera alegórica. Habría entonces dicho que en sueños había visto las golondrinas que volando hacían su deposición desde el aire, y que sus generales entendieron que este era el visto bueno para que los aviones soltaran las bombas sobre la flota americana.
En base a que nadie podía atestiguar que como jerarca del país hubiera tomado tal decisión, el general MacArthur no lo incluyó entre los enjuiciados como criminales de guerra.
El cuento de ‘las chuzadas’ podría compararse a cualquiera de los anteriores, tanto en cuanto a la falta de elemento probatorio de la culpabilidad de Álvaro Uribe, como de que no hay duda que la situación se presentó porque era lo que dentro de su manera de gobernar se necesitaba, y el mensaje fue enviado y correctamente entendido.
Queda por establecerse las responsabilidades o culpabilidades intermedias. Por necesidad, para llegar a la cabeza de esa especie de ‘conspiración’, o ‘empresa criminal’ que llamó el Procurador, ha sido necesario ir subiendo los escalones. Se puede considerar que en mayor o menor dimensión todos están cobijados por las mismas condiciones: ni las señoras del tinto, ni los detectives guardaespaldas, ni los funcionarios o Directores del DAS o de la UIAS, realizaron los delitos por los que son acusados en beneficio propio o tomando deliberadamente una iniciativa que no les correspondía.
Por el contrario, no solo ninguno en su fuero interno se siente delincuente, sino ven que su actuación que consideraron, además de oficial, patriótica, ahora se les convierte por causa del cambio en las circunstancias en cómplices y partícipes de una organización criminal.
Por eso se puede repetir la famosa frase (que no he podido recordar dónde o refiriéndose a quien fue pronunciada) de ‘la culpa no fue de él sino de los tiempos que corrían’.
Pero el análisis sería incompleto si a nadie se responsabiliza de el porqué, el cuales, y el quién impuso esos ‘tiempos que corrían’. Y al respecto no se discute que el liderazgo de Uribe consistió en crear esa idea de que contra el ‘enemigo terrorista’ todo se vale, y la suspicacia de que todo el que no estaba incondicionalmente con él podía ser porque era amigo de los terroristas.
Lo que además se debe tener en cuenta es que la estructura orgánica del Gobierno en Colombia hace que mientras en las decisiones ministeriales son responsables y tienen autoridad decisoria tanto el presidente como el ministro -y eso solo conjuntamente-, en los Departamentos Administrativos –y en especial en el DAS como centro de inteligencia y seguridad- manda, decide y es único responsable el Primer Mandatario.
Una cosa es por lo tanto que no aparezca prueba reina de una orden directa presidencial, y otra muy diferente de que exista alguna duda o posibilidad de exoneración de culpa que cobije la responsabilidad del ex presidente Uribe.
El que tenga o haya tenido respaldo político no tiene nada que ver con el análisis del delito.
Sólo si alguien en la cadena subalterna hubiera actuado en contra de sus directrices expresas podría configurarse esa eximente de culpa.
Por eso a posteriori, ante las circunstancias que vive Bernardo Moreno, promulga ese comunicado sibilino dónde simplemente dice que responde por lo que el Secretario haya hecho legalmente, pero que ni sabe ni asume las posibles consecuencias de lo que se derive de haber cumplido su función de trasmitir sus órdenes o ‘inquietudes’, atribuyéndole además, en el proceso que cursa contra él, facultades de autoridad sobre el DAS que simplemente no tiene.
Mejor dicho, busca que sus subalternos respondan por sus políticas: que su secretario, quien no tiene mando ni capacidad diferente de ser el enlace con los organismos que dependen de la Presidencia, responda por los supuestos malentendidos que emanan de sus decisiones; que los directores, quienes están bajo su mando directo, respondan por la decisión de hacer lo que solo a él beneficiaba, como si hubiera sido por iniciativa de ellos; que quienes obedecieron órdenes que por línea de mando se suponía que emanaban de él o contaban con su visto bueno, paguen por creer de buena fe en ‘su Presidente’.
Tal vez igual de grave es que como parte del ‘aire de los tiempos’ se asume hoy que nadie comete errores, ni las actuaciones son de buena fe, ni se dan análisis de circunstancias y de contexto, sino que quien sea que tenga una opinión contraria o vaya en contra de nuestro intereses o convicciones es porque su naturaleza es la del delincuente, es por perversidad y corrupción, es un mal de la sociedad y como tal hay que tratarlo.
