Por: Juan Manuel Lopez C.
Que un país avance en 8 años de gobierno es lo menos que se puede esperar. Lo importante es el cuánto, el cómo, a qué costo y en cuáles aspectos.
La seguridad democrática se precia de que ´se puede viajar por las carreteras’. Pero pareciera que más que seguridad, la cantidad de retenes militares muestran es lo inseguras que son. Y seguramente menos ‘democrática’ que para los eventuales 50 o 100 mil propietarios que así pueden ir a sus fincas, se percibe esa ‘seguridad’ para los 2.800.000 desplazados que el asesor presidencial considera ‘migrantes internos’. Y el consuelo de que estos están disminuyendo es como la del calvo con que cada vez se le caen menos pelos.
En cuanto a la disminución de secuestros y homicidios, falta tener en cuenta las categorías que implican ambos delitos pero que tienen otras denominaciones:
Desaparecidos: La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha informado que entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008 se registraron 7.763 casos (11 diarios)- En el 2002 eran dos diarios, en el 2004 cuatro, al inicio del segundo mandato siete.
Ejecuciones extrajudiciales: el Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos) en el 2007 señaló un incremento del 65,51 por ciento en relación con las ocurridas de 1997 a mediados de 2002. El Relator de Naciones Unidas enfatiza el crecimiento: en 2002 fueron 12; en 2003, 37; en 2004, 93; en 2005, 125; en 2006,223; en 2007, 397. En total según la fuente que cita, 1.486 entre julio 2002 y junio 2008.
Falsos positivos: Según Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, de los 1.160 casos que está investigando y que comprenden 1.881 víctimas, 312 fueron denunciados entre enero y julio de este año (2010).
Fosas comunes: En abril 2007, al año de iniciada la búsqueda de fosas comunes, la Fiscalía recibía 3.710 denuncias de sitios en donde hallarlas e informó que tenía unos 10.000 casos documentados de víctimas de los paramilitares sepultadas en ellas. En 2.644 fosas exhumadas por la Fiscalía, hasta ahora, se han encontrado 3.216 osamentas distintas (no incluidos los 449 NN, abatidos por el ejército y enterrados al lado de la guarnición de La Macarena).
Por algo las necropsias en Medicina Legal han ido aumentando hasta llegar en 2008 a 30.770 y en 2009 a 33.017 (sobra decir que solo se hacen a los muertos que aparecen)
Y por algo en la clasificación de países más violento y peligrosos del Instituto Global por la Paz GPI (Global Peace Index) Colombia esta de 138 sobre 147.
Y el costo económico:
Según Semana (3-VII-2010), después de cinco años, la primera sentencia contra 2 paramilitares que se acogieron a ‘Justicia y Paz’ (Tribunal Superior de Cundinamarca), por 11 muertes y 300 familias desplazadas, cuesta 117.000 millones de pesos (hay más de 2.000 procesados, más de 35.000 homicidios confesados, casi medio millón de familias desplazadas; el Fondo de Reparación tiene solo 32.000 millones).
La ‘confianza inversionista’ también se debe mirar con lupa: el crecimiento de la inversión extranjera ha sido principalmente y muy de lejos en el sector extractivo (Petróleo, Carbón) pero porque estas inversiones van dónde hay esos recursos, no por confianza en un país. Por el contrario, la desconfianza requiere ser compensada con prebendas y beneficios para atraerla: por eso los ‘contratos de estabilidad’, las exenciones tributarias, pero sobre todo la disminución del costo de las concesiones, con la modalidad de subastar a partir de un porcentaje mínimo de regalías (dándose la paradoja de que el aumento de la extracción –de la que se precia el Gobierno- casi nada contribuye al mayor ingreso para el país; se entrega buena parte del subsuelo nacional contra simples aventuras donde es el riesgo-beneficio y no la confianza lo que atrae).
Raro sería que fueran la seguridad y la confianza lo que el país vendiera, cuando además otros indicadores son:
Menor crecimiento del continente durante el periodo de bonanza más grande de la historia reciente (apenas se mantuvo cerca al promedio histórico del 4%) y menos expectativa inmediata, con el Banco Mundial pronosticando 2.8% mientras el Presidente del BID Dr. Moreno prevé 4.5% promedio para América Latina y el Caribe.
Según el International Institute for Management Development (IMD) (que ni el Dr. Uribe puede incluir entre ‘las ONG’s enemigas de Colombia) sobre 57 países estudiados Colombia clasifica de 56 en Productividad y eficiencia; de 57 en infraestructura científica; de 56 en educación; de 45 en competitividad (perdió 10 puestos el último año); de 40 en un sistema financiero “que se canaliza obsesivamente hacia sí mismo o hacia el sector público deficitario e improductivo y no hacia el sector real de la economía”
Según Alberto Carrasquilla el El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2010 muestra que las obligaciones derivadas de distintas sentencias y conciliaciones, las cuales representaban 0.7% del PIB en 2009, saltan al 18% del PIB en 2010. Basta pensar que según el Procurador para Conciliaciones el caso Ingrid por ‘solo’ 15.000 millones entró después de más de 300.000 (¡!) otras solicitudes, que suman más de 118 billones (millones de millones) de pesos.
Y qué dirán de la cohesión social aquellos que perdieron las más de 4.000.000 de hectáreas que reconoce el Estado. O como lo destaca Mauricio Cabrera, qué pensar de que desde el 2001 los precios de las acciones en la bolsa de valores han subido más de 1.200%, o de que las utilidades del sistema financiero se multiplicaron por siete al pasar de $632.000 millones en el 2002 a $4.4 billones en el 2009, mientras el salario mínimo solo creció 6% en estos años. Entre el 2002 y el 2007 la participación de las utilidades de las empresas en el PIB pasó del 28.9% al 33.7%, a costa de una disminución idéntica de la de los asalariados en el ingreso nacional (caso único conocido).
Como se sabe es el país donde menos disminuyó la pobreza, el único que aumento el Gini de la desigualdad, el de mayor desempleo del continente, y el de mayor crecimiento en el subempleo y la informalidad.
La delincuencia trasladada de los campos a las ciudades se disparó vertiginosamente; 21.887 delincuentes han tenido que ser recluidos con casa por cárcel; y se intentó ‘la emergencia judicial’ por la cantidad que quedan libres por prescripción de términos ante la incapacidad del sistema judicial de manejar ese crecimiento. (Y eso que según el mismo relator de la ONU "La actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad, llega hasta el 98,5%”).
Destaca el Gobierno que ya no somos el primer en hectáreas en cultivos de coca, pero omitiendo -como sí lo muestra Thoumi- que sí lo somos en producción de cocaína porque mejoramos nuestra productividad y porque avanzamos en la cadena productiva importando hoja para industrializarla acá. Tampoco divulgan que para disminuir de 81 mil a 68 mil hectáreas se erradicaron 165.329 (60.557 manuales y 104.772 por aspersión), siendo así también el país que más siembra.
No alcanza el espacio para el recuento de lo que han significado las pésimas relaciones internacionales, los ‘choques de trenes’, el abandono del campo, la crisis de la salud, la pérdida de la ética públuca, ni el costo y lo que falta para recomponerlas.
