Al senador Gustavo Moreno, del Partido Verde, le llueven críticas por su reciente posición favorable al fracking, una postura que consideran contradictoria con las banderas ambientales que ha defendido la colectividad y con su pasado como aliado legislativo del gobierno progresista.
Moreno ha construido una trayectoria caracterizada por sus constantes movimientos y alianzas.
Analistas lo describen como un influyente cacique electoral, desde donde habría consolidado una amplia red de relaciones burocráticas y políticas con incidencia en distintas áreas de la administración pública.
Estas acusaciones forman parte del debate y han sido utilizadas para cuestionar su manera de ejercer la política.
Su defensa del fracking vuelve a ponerlo en el centro de la controversia.
Para sectores ambientalistas y ciudadanos de la región, resulta difícil conciliar esa postura con su pertenencia a una bancada que se identifica con las causas verdes.
“Senador Gustavo Moreno, con fracking no habrá regalías ni inversión social que puedan recuperar el agua, los ecosistemas y el medio ambiente de nuestra región”, sostienen en redes sociales.
También reclaman la defensa del territorio, las fuentes hídricas y el futuro de las comunidades del Magdalena Medio.
El cuestionamiento va más allá de una diferencia sobre política energética.
Analistas ven en el cambio de postura una nueva muestra de una carrera política marcada por las alianzas cambiantes y las conveniencias del momento.
“¡Digámosle no al fracking y a este tipo de extractivismo!”, es el llamado que circula entre quienes rechazan esta alternativa.
Sus críticos ironizan sobre la situación y aseguran que el senador estaría intentando “pasar de agache” frente al debate.
Más allá de las descalificaciones, la discusión deja una pregunta política de fondo:
¿Puede un dirigente que se presenta bajo el paraguas de las causas verdes defender simultáneamente una actividad tan controvertida ambientalmente como el fracking?
De ambientalista aliado del progresismo a defensor del fracking. El debate apenas comienza, y será la ciudadanía la que finalmente evalúe la coherencia entre las banderas que se proclaman y las decisiones que se respaldan.
