El columnista Ramiro Bejarano Guzmán cuestionó este domingo 23 de agosto, en su columna “Panfleto milagro” publicada en El Espectador, la forma en que el Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó el denominado “Libro de la Verdad”, un documento de 135 páginas que reúne 82 casos de presuntas irregularidades detectadas durante la transición entre las administraciones del ex presidente Gustavo Petro y el actual Ejecutivo.
Bejarano sostiene que la decisión de divulgar públicamente las acusaciones antes de que sean establecidas por las autoridades competentes genera dudas sobre la independencia de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
A su juicio, las denuncias debieron ser remitidas a esas instituciones para que fueran investigadas conforme a la ley, sin convertirlas previamente en un catálogo público de responsabilidades.
La crítica del columnista también apunta al proceso de transición.
Según plantea, si el nuevo Gobierno identificó en pocos días 82 hechos considerados “gravísimos”, cabe preguntarse qué actuaciones adelantaron durante los cuatro años anteriores los organismos constitucionalmente encargados de investigar y ejercer control.
El “Libro de la Verdad” fue presentado el 18 de agosto por De la Espriella ante la fiscal general Luz Adriana Camargo, el procurador Gregorio Eljach y el contralor general, con denuncias relacionadas con entidades como la UNGRD, el sistema de salud, empresas estatales, programas sociales y contratación pública.
Fiscalía anunció posteriormente un equipo especial para revisar los casos, bajo criterios técnicos y jurídicos.
Bejarano advierte además sobre los riesgos de que las autoridades de investigación aparezcan asociadas públicamente con un documento elaborado por el Ejecutivo.
Para el columnista, el combate contra la corrupción es necesario, pero debe desarrollarse respetando la presunción de inocencia, el debido proceso y la autonomía institucional.
La columna concluye con una advertencia
Corresponderá a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría determinar si los señalamientos tienen sustento jurídico o si, como cuestiona Bejarano, el episodio termina convertido en un ajuste de cuentas político.
