Hay que hablarles bien claro a esos politiqueros que andan alborotados en afán de reelección a la alcaldía: si una obra fue financiada, diseñada, ejecutada o gestionada principalmente por otras personas o por otra administración, presentarla públicamente como un logro personal es una forma de atribución engañosa.
Un político puede legítimamente reconocer su papel si lo tuvo, pero no borrar de manera ambigua y politiquera el trabajo de quienes realmente hicieron posible el proyecto.
Un funcionario electo administra recursos públicos en nombre de la ciudadanía.
El dinero no es suyo, y una obra pública tampoco es una propiedad personal que pueda utilizar para construir una imagen política. Su responsabilidad es rendir cuentas sobre cómo se utilizaron esos recursos, no convertirlos en propaganda de sus virtudes personales.
Si, además, durante su gestión tuvo dificultades y fracasó en ejecutar proyectos que estaban bajo su responsabilidad, mientras después intenta atribuirse el mérito de proyectos ajenos, eso es una evidente incongruencia entre desempeño y discurso.
El problema no es solamente presumir: es engañar al intentar obtener reconocimiento sin que ese reconocimiento corresponda proporcionalmente a su contribución real.
El trabajo público no crea una deuda personal de obediencia.
Ser elegido para un cargo significa recibir un mandato temporal para servir, no convertirse en propietario de la voluntad de los ciudadanos. Un funcionario merece reconocimiento cuando hace bien su trabajo, pero la ciudadanía no queda moralmente obligada a ofrecerle lealtad personal, obediencia política o gratitud incondicional por cumplir las funciones para las cuales fue elegido.
Además para eso le pagaron y muy bien.
Un funcionario público recibe un salario y otros beneficios precisamente porque desempeña una responsabilidad pública. Por eso, decir o mandar mensajeros a decir que pensar que deberían agradecerme porque hice mi trabajo invierte la relación: el funcionario le debe rendición de cuentas a la ciudadanía, no la ciudadanía una fidelidad personal al funcionario.
El elogio obtenido mediante una atribución falsa tiene un componente de manipulación.
Si se intenta que la gente crea esto ocurrió gracias a mí cuando en realidad la mayor parte del esfuerzo, dinero, planificación o ejecución correspondió a terceros, el objetivo deja de ser simplemente informar sobre una obra y pasa a ser fabricar capital político mediante una percepción engañosa.
Aclarando que no todo reconocimiento político es deshonesto.
Un gobernante puede inaugurar una obra que heredó, explicar qué hizo para terminarla, conseguir financiamiento adicional o resolver obstáculos. Eso puede ser legítimo. Lo éticamente problemático y deshonesto es presentar como propio lo que no hizo, minimizar deliberadamente a quienes sí lo hicieron y utilizar recursos públicos para alimentar una imagen personal.
Entiendan que un cargo público otorga responsabilidad, no propiedad; un proyecto público genera derecho a rendir cuentas, no derecho a apropiarse de su mérito; y cumplir una función remunerada no convierte al ciudadano en súbdito ni crea una obligación de lealtad personal.
