En Colombia, la desconexión de la clase política tradicional y del sector empresarial con la realidad social del país es cada vez más evidente y preocupante.
Mientras millones de colombianos claman por reformas estructurales que les garanticen derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo digno y la justicia social, las élites económicas y políticas continúan orbitando exclusivamente alrededor de sus intereses particulares, ajenas —y a veces hostiles— a las necesidades reales del pueblo.
Nada nuevo
Este distanciamiento no es nuevo, pero se ha agudizado en el contexto del actual gobierno, que ha intentado impulsar cambios sociales de fondo, encontrándose con una resistencia feroz por parte de quienes históricamente han manejado el poder.
Detrás de un lenguaje técnico y supuestamente neutral, lo que se esconde es una profunda mezquindad ideológica que prioriza la rentabilidad de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría.
El caso reciente del rechazo público de los presidentes de la ANDI y Analdex al viaje del presidente Gustavo Petro a China es una muestra reveladora.
Con argumentos tan endebles como la necesidad de «no molestar» al gobierno de Estados Unidos, estos dirigentes empresariales demostraron no solo una falta de comprensión del escenario geopolítico global, sino un desprecio alarmante por la dignidad nacional y la autonomía en la toma de decisiones del Estado colombiano.
¿Desde cuándo Colombia debe pedir permiso?
¿Desde cuándo Colombia debe pedir permiso para establecer relaciones bilaterales o para defender sus propios intereses estratégicos en el plano internacional?
¿Quién le otorgó a una cúpula empresarial la autoridad moral para dictar los términos de nuestra política exterior?
La actitud sumisa que reflejan esas declaraciones no solo es antipatriótica, sino profundamente irresponsable, pues envía un mensaje de debilidad institucional y dependencia colonial que nos rebaja como nación soberana.
Guardan silencio de manera indignante
Además, es indignante que quienes critican estos movimientos diplomáticos guarden silencio ante acciones concretas del gobierno de Estados Unidos que sí han afectado gravemente al país.
No fueron los colombianos quienes impusieron aranceles ni quienes cerraron sus fronteras a nuestros productos. Tampoco fuimos nosotros quienes suspendimos programas cruciales de cooperación como los de USAID, que estaban contribuyendo a la construcción de paz en las regiones más vulnerables del país.
Sin embargo, los empresarios se rasgan las vestiduras por un viaje oficial del presidente a una potencia global con la cual Colombia tiene legítimos intereses económicos y comerciales.
La doble moral es evidente.
La élite empresarial y los medios de comunicación que la respaldan han decidido que la dignidad y la soberanía son negociables cuando se trata de proteger sus privilegios.
En vez de aportar soluciones reales o mostrar disposición a un diálogo sincero sobre las reformas sociales, prefieren apostar por el caos, el miedo y la desinformación. Su preocupación nunca ha sido el país, sino sus negocios.
Este comportamiento no solo es éticamente cuestionable, sino políticamente peligroso.
Una democracia no puede sostenerse sobre una élite que sabotea sistemáticamente toda posibilidad de cambio. La mezquindad de estas cúpulas, su resistencia al avance social y su desprecio por la voz del pueblo deben ser denunciados y enfrentados con firmeza.
Colombia necesita una clase dirigente que esté a la altura de su historia, de sus dolores y de sus esperanzas, no una que viva encerrada en los muros de sus consejos directivos, calculando utilidades mientras el país se desangra.
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Fuente: Cielo Rusinque Urrego en X y Ernesto Samper Pizano en X
