Durante años, el departamento de Santander y buena parte de Colombia han sido testigos de cómo la política se degradó hasta convertirse en un instrumento para el saqueo de los recursos públicos, en especial aquellos destinados a garantizar derechos fundamentales como la salud.
Por eso resulta indignante, casi insultante, que hoy algunos protagonistas —directos o heredados— de ese pasado oscuro pretendan erigirse en salvadores del sistema y dar lecciones de moral administrativa a los ciudadanos.
No hay derecho a tanto cinismo y burla contra los electores de Santander.
Que Richard Aguilar, hijo del condenado parapolítico Hugo Aguilar Naranjo, intente presentarse nuevamente ante la opinión pública como una alternativa para resolver los problemas de salud del departamento resulta, como mínimo, ofensivo.
Más aún cuando buena parte de esos problemas se incubaron durante los años en que su familia detentó el poder político regional. El hecho de que Richard Aguilar haya quedado en libertad por vencimiento de términos no borra las graves denuncias de corrupción que marcaron su paso por la Gobernación ni disipa las dudas legítimas de la ciudadanía.
La historia es clara y está documentada
La parapolítica impactó de manera profunda y destructiva el sistema de salud pública en Colombia. Grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en alianza con políticos regionales, cooptaron instituciones, manipularon decisiones administrativas y desviaron recursos que debían destinarse a hospitales, centros de atención y programas de prevención.
La salud se convirtió en una fuente de financiación ilegal y en un mecanismo de control territorial.
En muchos departamentos, incluidos los Santanderes y zonas del nororiente del país, se impusieron directivos afines a estos intereses en hospitales y secretarías de salud.
El resultado fue un cóctel letal: mala administración, contratos amañados, sobrecostos, desfalcos y una progresiva precarización de la atención. Hospitales quebrados, personal mal pago y comunidades enteras sin acceso oportuno a servicios básicos fueron el saldo de esa captura criminal del Estado.
Este fenómeno no solo provocó una crisis hospitalaria, sino que vulneró de manera directa el derecho fundamental a la salud.
La infraestructura se deterioró, los recursos se evaporaron y la confianza ciudadana en las instituciones quedó profundamente lesionada.
Pretender hoy que quienes representan esa tradición política regresen a administrar los mismos recursos es una afrenta a la memoria colectiva y al sufrimiento de miles de pacientes.
Por eso es necesario decirlo sin rodeos
La ciudadanía no olvida. Richard Aguilar, hoy aspirante al Senado por un Partido Liberal venido a menos, y su fórmula a la Cámara, Cristhian Arguello, deben saber que Santander recuerda el daño causado por la parapolítica y el desfalco a la salud pública.
En un momento en que el país debate cómo blindar los recursos del sistema y garantizar una atención digna, personajes y prácticas como las que ellos simbolizan representan un riesgo real.
La democracia también es memoria y responsabilidad.
Frente a quienes trataron la salud como botín, la respuesta ciudadana debe ser clara y contundente: ni un voto para el cinismo, ni un paso atrás en la defensa de los recursos que pertenecen a todos los colombianos.
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