En cualquier sociedad democrática, el derecho a la libertad de pensamiento es un pilar fundamental. La capacidad de pensar diferente, de expresar opiniones diversas sobre hechos y sucesos, es lo que mantiene viva una democracia.
Sin embargo, cuando se trata de tragedias y crímenes, algunos individuos y grupos ven una oportunidad para alimentar sus intereses políticos en lugar de buscar la verdad.
El reciente crimen contra Miguel Uribe es un ejemplo de cómo la muerte de una persona puede ser convertida en un campo de batalla político.
Aún sin conocer los hechos ni las circunstancias detrás de su asesinato, ya existen quienes han inventado culpables y han formulado teorías que buscan responder a sus propios intereses.
«Miserables» es la palabra más apropiada para describir a quienes aprovechan una tragedia para su beneficio político. No importa el dolor ni el sufrimiento de la familia, ni el respeto que merecen los muertos: lo importante es sacar rédito de la situación.
El asesinato de Miguel Uribe, un político senador y pre candidato a la presidencia por el Centro Democrático, no puede convertirse en una simple ficha en el ajedrez político.
Aún no se conocen las causas del crimen.
Nadie puede afirmar con certeza quién fue el responsable. Se barajan diversas hipótesis, desde un atentado dirigido hacia él, hasta un ajuste de cuentas, error, auto atentado o cualquier otra relacionado con su vida personal o política.
Existen quienes no dudan en asegurar que fue un auto atentado, mientras otros afirman que se trata de un error o una confusión. En democracia, es crucial no descartar ninguna hipótesis, ya que solo con pruebas sólidas se puede llegar a una conclusión definitiva.
Lo que es inaceptable, sin embargo, es que algunos aprovechen el hecho de que aún no se sabe quién fue el culpable para lanzar acusaciones sin fundamento, sembrando dudas y especulaciones con fines políticos.
Los muertos como bandera
Usar a los muertos como bandera, especialmente en un caso como este, es una forma de manipulación pura y dura.
Honrar la memoria de una persona asesinada es darle el espacio para que su familia y seres queridos puedan llorar y rendir homenaje, pero no es convertir su muerte en una plataforma para hacerle daño a otros o para justificar la agenda política de turno.
Quienes usan el duelo para lanzar ataques políticos no solo están faltando al respeto de los fallecidos, sino que también están deteriorando el proceso de justicia.
La justicia no puede ser una lucha de trincheras políticas ni un espectáculo mediático.
La verdad debe prevalecer, y solo con la labor seria de las autoridades y el acompañamiento de la sociedad civil podremos llegar a ella.
El secuestro de la muerte para intereses de poder es una de las formas más bajas de politiquería, una actitud que deshonra a la memoria de quienes han sido víctimas de la violencia y socava la credibilidad de las instituciones encargadas de llevar adelante las investigaciones.
Cada vez que cae un colombiano asesinado, la nación entera sufre una derrota.
La vida humana tiene un valor incalculable, y cada vida perdida en circunstancias violentas es una herida que no solo afecta a la familia de la víctima, sino a toda la sociedad.
Es una derrota para Colombia y para la vida misma. La lucha contra la violencia y la injusticia no puede ser liderada desde el oportunismo ni desde la manipulación de las tragedias, sino desde un verdadero compromiso con la paz, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de justicia.
En este caso, y en todos los que vengan, las autoridades deben actuar con rigurosidad y sin prejuicios.
La política debe quedar al margen del dolor y de la tragedia, y el deber de esclarecer los hechos debe ser el único objetivo. De esta manera, no solo se honra la memoria de los fallecidos, sino que se da un paso hacia una sociedad más justa y más unida.
Al final, lo que debería primar en cualquier tragedia no es la politiquería, sino el esfuerzo por entender la verdad, por sanear la sociedad y por impedir que más vidas se pierdan en el camino hacia la paz.
