Durante años, el poder en Colombia estuvo centralizado en manos de una élite que utilizó sus privilegios para consolidar su dominio y garantizar la exclusión de las mayorías.
Este modelo ha funcionado bajo una estructura desigual que ha normalizado la explotación, la concentración de la riqueza y el despojo de los más vulnerables.
Sin embargo, esa estructura ya está en crisis, pues la legitimidad de quienes detentan el poder se ha visto erosionada por los cambios sociales y políticos que exige el país.
La constante justificación de un sistema de privilegios para unos pocos, a costa del sacrificio de millones, ya no es sostenible.
Las voces de los sectores excluidos han crecido, y cada vez resulta más difícil callarlas. El país enfrenta un momento crucial, donde el control improductivo de la tierra, el uso indebido del poder y la idea de que la autoridad está por encima de la voluntad popular deben llegar a su fin.
Este proceso de cambio está impulsado por un modelo diferente que encarna el gobierno de Gustavo Petro, quien promueve un país más justo, democrático y comprometido con los derechos humanos, la dignidad de la vida y la conservación del planeta.
El camino hacia esta transición no será fácil, pero es necesario para reorientar la nación hacia un futuro de mayor equidad y desarrollo.
El uribismo vive desconectado de la realidad
Sin embargo, la oposición, especialmente el uribismo, no solo cuestiona la reforma, sino que ha hecho de la deslegitimación del nuevo gobierno su estrategia central. Lo que realmente les molesta es que este proceso de transformación está en marcha.
Para el uribismo, la ceguera ante la justicia y la distorsión de la realidad se han convertido en una suerte de patriotismo, bajo la premisa de que la condena a su líder, Álvaro Uribe, no es un acto de justicia, sino una conspiración.
Su figura sigue siendo central en la narrativa del uribismo, un sector que históricamente se ha autoproclamado defensor de la «seguridad democrática» y la institucionalidad. Sin embargo, cuando la justicia parece caer sobre su líder, la narrativa se invierte.
La Fiscalía, la Corte y los jueces que no fallan a su favor se convierten en el blanco de ataques y deslegitimación.
El caso de Álvaro Uribe es un ejemplo paradigmático de esta doble moral institucional.
Durante su proceso judicial, Uribe no solo contrató las mejores baterías de abogados del país, sino que también tejió una red de influencia política y mediática para deslegitimar los procesos judiciales en su contra.
A pesar de las pruebas que lo vinculaban a delitos graves, como la manipulación de testigos, la defensa de Uribe se ha enfocado en crear una narrativa de victimización, pintando a su líder como una víctima del sistema judicial.
Lo que es aún más alarmante es la estrategia que el uribismo ha adoptado en la arena internacional.
En lugar de aceptar la justicia de los tribunales colombianos, se han dirigido a los Estados Unidos para buscar sanciones contra Colombia, a modo de venganza por la condena de Uribe.
Este doble discurso es un reflejo claro de cómo el poder y los intereses económicos se entrelazan en un esfuerzo por proteger a una élite política, independientemente de los costos sociales y democráticos.
Un nuevo escándalo ha salido a la luz.
El periodista Daniel Coronell reveló cómo un abogado fue suplantado para presentar una denuncia falsa contra el senador Iván Cepeda, víctima en el proceso judicial que involucró a Álvaro Uribe.
Este acto de fraude procesal y falsedad confirmaría la utilización de tácticas sucias por parte del equipo jurídico de Uribe, en un intento por manipular la justicia y desestabilizar a quienes se oponen a su modelo de poder.
Guerra sucia
Todo esto pone de manifiesto la guerra sucia que se desata detrás de las cámaras, en la que las instituciones se ven socavadas cuando no responden a los intereses del poder establecido.
Este tipo de maniobras no solo refuerzan la percepción de que el sistema judicial está siendo manipulado, sino que también alimentan una narrativa de victimización que disfraza el verdadero rostro de la corrupción y el autoritarismo.
Así las cosas, es claro que Colombia está en medio de una transición, donde las estructuras de poder tradicionales ya no pueden seguir controlando el destino del país desde la comodidad de sus beneficios heredados.
