En Colombia, el ruido ensordecedor de los ataques del condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la justicia no ha tenido una respuesta proporcional por parte del establecimiento político y mediático del país.
Resulta asombroso que, pese a la gravedad de sus acusaciones y su abierta arremetida contra las instituciones judiciales, el silencio sea la respuesta dominante de aquellos que en otras circunstancias se jactan de defender la institucionalidad.
Uribe, condenado por soborno a testigos y fraude procesal, no solo ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de ocho años, sino que ha lanzado una feroz ofensiva contra el poder judicial, buscando desacreditar a jueces y fiscales involucrados en su proceso.
Nadie está por encima de la ley
La indignación de Uribe y sus seguidores parece más propia de quienes creen estar por encima de la ley. Lo que estamos presenciando es un patrón que va más allá de la defensa personal: es un ataque sistemático para debilitar el sistema de justicia, desprestigiar a quienes lo hacen cumplir y generar desconfianza en el Estado de Derecho.
Como bien lo señaló el senador Iván Cepeda, víctima directa de la persecución de Uribe, el expresidente “ha procedido a desatar la más feroz persecución contra el poder judicial”.
Y tiene razón: Uribe no ha escatimado en sus esfuerzos por desacreditar la sentencia que lo condena, ni en provocar a la opinión pública para que mire con sospecha a todo el sistema judicial.
El efecto Uribe le hace daño a Colombia
Lo más alarmante es que el llamado “efecto Uribe” ya ha comenzado a traspasar fronteras. En el sur de la Florida, bastión de la ultraderecha republicana y refugio ideológico de muchos uribistas, se han alzado voces que piden sanciones contra Colombia.
Sí, contra su propio país. Es increíble que haya compatriotas solicitando medidas punitivas internacionales porque la justicia colombiana se atrevió a condenar a un líder político, por más poder e influencia que tenga.
¿Qué lógica hay en ello?
¿Cómo pueden pedir castigo para su patria solo para proteger la impunidad de un delincuente?
En este clima, los medios de comunicación afines al uribismo cumplen un papel nefasto.
Se presentan como árbitros imparciales, pero solo amplifican las voces de quienes defienden al condenado. Se rodean de «expertos» —casi todos con vínculos evidentes con el uribismo— para presentar una visión distorsionada del fallo judicial, siempre cuestionando la legitimidad de las instituciones y nunca informando con rigor jurídico.
Es un periodismo militante que alimenta la desinformación y la polarización.
El uribismo miente buscando impunidad
Mientras tanto, los seguidores de Uribe se empeñan en vincular esta condena con los procesos de paz, reinserción o amnistía a excombatientes.
Esto no sólo es falaz, sino malintencionado. No existe vínculo entre los crímenes por los cuales fue condenado Uribe y los acuerdos con grupos armados. La intención es clara: confundir a la ciudadanía, desprestigiar a los jueces y sembrar la idea de una persecución ideológica.
La única forma de detener esta ofensiva contra la justicia es en las urnas.
Si el uribismo y sus aliados pretenden someter el poder judicial a su capricho, la respuesta debe ser política y contundente. Cada voto cuenta para frenar este asedio a la institucionalidad.
Colombia no puede permitir que quienes atacan al Estado de Derecho desde adentro, y que anteponen sus intereses personales a los del país, sigan gobernando o teniendo poder de decisión. La defensa de la justicia es hoy una tarea ciudadana.
