El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro ha destapado uno de los escándalos más graves de corrupción en la historia reciente de Colombia: el monumental desfalco al sistema de salud a través de las EPS.
Una trama de saqueo que no solo afecta a millones de ciudadanos, sino que evidencia cómo los tentáculos de la corrupción han penetrado profundamente en todos los rincones de la vida sociopolítica nacional.
Lo denunciado por Petro no son conjeturas ni ataques sin base: se trata de cifras alarmantes y de nombres concretos.
Por ejemplo, el caso de la EPS Coosalud, cuya deuda pasó de 702 mil millones de pesos en 2023 a más de 2,5 billones en 2024, revela una operación financiera imposible de justificar. Y más alarmante aún es saber que en su junta directiva están dos hermanos de ex presidentes, lo que sugiere un nexo directo entre las altas esferas del poder político y el saqueo del erario público.
Frente a estas denuncias, lo escandaloso no ha sido la magnitud del robo, sino la manera en que la oposición y los medios tradicionales han reaccionado.
Lejos de analizar y discutir con rigor técnico lo revelado por el presidente, muchos han optado por desviar la atención hacia aspectos banales, como su tono, su actitud o incluso insinuaciones sobre su estado de sobriedad.
¿Qué importa si Petro gritó o si parecía molesto?
Lo crucial es que dijo la verdad y nadie ha podido desmentirlo con cifras o argumentos. Cuando no pueden refutar el fondo, atacan la forma.
La oposición política —desde el Centro Democrático y Cambio Radical hasta figuras del centro como Sergio Fajardo, Claudia López y Alejandro Gaviria— ha preferido usar adjetivos antes que argumentos. “Delirante”, “dictador”, “inestable”, son algunos de los calificativos lanzados contra el mandatario.
Pero ni una palabra sobre cómo se explica el crecimiento abismal de las deudas de las EPS, ni propuestas concretas para frenar el saqueo. La politiquería ha reemplazado el debate serio, y eso es una tragedia democrática.
El papel de los medios de comunicación
Tampoco escapan a la crítica los medios de comunicación, que en muchos casos han actuado como caja de resonancia de estos ataques personales, evitando el deber periodístico de investigar a fondo las denuncias presidenciales.
Más preocupante aún es la negativa a asumir responsabilidades. El presidente tiene razón al exigir a la prensa mayor rigor. Este no es un llamado a la censura ni a la autocensura, sino una invitación urgente a la autorreflexión.
¿Cómo hemos permitido que una denuncia de semejante magnitud pase a segundo plano frente a chismes y rumores?
Como periodistas, nos debe dar rubor.
No porque se critique nuestra labor, sino porque hemos dejado de cumplirla a cabalidad. No hay gremios imparciales, no hay liderazgos éticos en el periodismo colombiano que convoquen a pensar en lo que estamos haciendo mal. Pero la falta de autocrítica solo favorece a los corruptos.
La evidencia presentada por el gobierno sobre el entramado de corrupción en las EPS es abrumadora. Lo mínimo que merece el país es una discusión seria y profunda.
El sistema de salud, tal como ha funcionado, ha sido una máquina diseñada para enriquecer a unos pocos mientras se deteriora la atención a los colombianos más vulnerables.
Una profunda reflexión
¿Qué clase de democracia se puede construir si el dinero de la salud termina en los bolsillos de políticos y empresarios sin escrúpulos?
La pregunta final no es si Petro tiene razón, sino por qué, cuando denuncia un saqueo probado, gran parte del país prefiere atacar al mensajero en lugar de castigar a los verdaderos responsables.
¿Será que el entramado de corrupción es tan grande que ya no hay inocentes, solo cómplices silenciosos?
