En Colombia, el discurso de los derechos humanos ha sido históricamente una bandera de lucha legítima frente a los abusos del poder. Sin embargo, cuando esa bandera es tomada por actores políticos que, lejos de buscar justicia y equidad, encubren intereses partidistas, se convierte en una herramienta peligrosa que mina la democracia y confunde a la opinión pública.
Este es el caso de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) que, aunque se presentan como imparciales, hoy están dirigidas por figuras políticas vinculadas a sectores opositores del actual gobierno de Gustavo Petro.
Juanita Goebertus, excongresista del partido Verde
Un ejemplo elocuente es el de Juanita Goebertus, excongresista del partido Verde, cercana a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y al excandidato presidencial Sergio Fajardo.
Hoy, Goebertus ocupa la dirección de Human Rights Watch para las Américas, una posición desde la cual debería velar por la defensa objetiva de los derechos humanos. No obstante, su comportamiento reciente ha puesto en entredicho esa imparcialidad que se espera de alguien en su cargo.
Desde medios abiertamente contrarios al gobierno de Gustavo Petro, Goebertus ha salido a criticar al presidente con argumentos que más parecen parte de una estrategia política que de un análisis riguroso en derechos humanos.
Su afirmación de que “lamenta que el presidente Petro use argumentos de soberanía igual que Bukele y Maduro” no solo resulta simplista, sino que ignora –quizás intencionalmente– el contexto en el que se mueve el actual gobierno.
Comparar a Petro con líderes como Bukele o Maduro, cuyos gobiernos han sido caracterizados por prácticas autoritarias, censura y represión, es una manipulación discursiva que le hace un flaco favor al debate público.
Petro, a diferencia de estos regímenes, ha gobernado en medio de un bloqueo institucional sin precedentes
Decisiones judiciales que sabotean reformas, mayorías legislativas que sabotean proyectos sociales, y una cobertura mediática hegemónica que promueve narrativas hostiles. Nada de esto es mencionado por Goebertus o por otras figuras que, como ella, prefieren atacar al gobierno desde una supuesta posición neutral.
El sesgo es aún más evidente cuando se constata que estas voces “críticas” se alinean perfectamente con el discurso de quienes desde el Congreso y los gremios económicos buscan frenar las reformas sociales que pretende implementar el gobierno.
Figuras como Efraín Cepeda y la coalición legislativa que ha saboteado una y otra vez las reformas laboral, pensional y de salud, actúan con una agresividad que sí tiene ecos autoritarios, y que, paradójicamente, nunca es señalada por estas ONG ni por sus directivos.
¿Por qué se calla ante el obstruccionismo parlamentario y el chantaje político?
¿Por qué no se denuncian los intereses económicos detrás del bloqueo institucional?
Aliados tácitos de uribismo
Juanita Goebertus, como Claudia López y Sergio Fajardo, han optado por aliarse tácitamente con el uribismo y el bloque de derecha en su oposición al gobierno.
Lo hacen disfrazados de tecnócratas, de independientes, de defensores de la democracia, pero su narrativa siempre apunta a debilitar las transformaciones que buscan devolverle derechos a los trabajadores, proteger el medio ambiente y distribuir de manera más justa la riqueza nacional.
La ciudadanía debe abrir los ojos
No todo el que se cubre con el manto de los derechos humanos actúa con nobleza o neutralidad. Es urgente exigir transparencia en los intereses de quienes dirigen ONG con poder mediático y político.
Desconocer el cerco que enfrenta el gobierno Petro —administrativo, judicial, legislativo y mediático— es renunciar a cualquier tipo de análisis serio y comprometido con la verdad.
El país necesita voces que defiendan los derechos humanos sin agenda política camuflada. Y también necesita un periodismo y una sociedad civil que no se dejen instrumentalizar por quienes, bajo la apariencia de imparcialidad, están jugados de lleno a impedir cualquier intento de justicia social.
