En Colombia, los mismos sectores políticos que durante décadas se han lucrado del poder y que han gobernado de espaldas al pueblo, hoy pretenden erigirse como guardianes de la Constitución.
Aquellos que históricamente han sido enemigos de las reformas sociales, del acceso equitativo a los derechos y de la participación ciudadana real, hoy se visten con el ropaje de “constitucionalistas” y “defensores de la legalidad” para atacar el decreto que convoca a una Consulta Popular impulsada por el presidente Gustavo Petro.
La Consulta Popular no es un golpe institucional, ni una estratagema política
Es la manifestación más clara del espíritu democrático. Es el reconocimiento de que, en una verdadera república, el poder emana del pueblo.
Sin embargo, a los sectores tradicionales esto les causa pánico. No soportan que el pueblo tenga voz. No toleran que haya una vía institucional para que las grandes mayorías puedan expresar directamente su voluntad sobre las reformas sociales que exigen y necesitan.
Por eso, han desplegado toda su artillería mediática, jurídica y política para deslegitimar un mecanismo legítimo de participación democrática.
No les basta con haber abusado del poder durante décadas, de haber saqueado lo público, de haber silenciado las voces críticas desde sus cómodas trincheras en el Congreso, las cortes, los medios y los organismos de control. No.
Tampoco soportan haber perdido en las urnas.
Desde el primer día del mandato de Gustavo Petro, estos sectores han buscado obstaculizar las reformas estructurales propuestas: la reforma agraria, la reforma laboral, la reforma a la salud.
Todo lo han saboteado. Y ahora, ante la posibilidad de que el pueblo se pronuncie directamente, tiemblan. Porque saben que la democracia real les arrebata el control.
Su desespero ha llegado al punto de atacar personalmente a figuras que hoy defienden esa consulta, como el ministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre.
Medios tradicionales y opinadores de vieja escuela no han dudado en difamarlo, olvidando su larga trayectoria institucional: fue profesor universitario, vicepresidente del Consejo de Estado, procurador delegado, fiscal general de la nación y presidente de la Corte Constitucional.
Su conocimiento del derecho es indiscutible. Pero nada de eso importa cuando se trata de desacreditar cualquier intento de devolverle el poder al pueblo.
La prensa como brazo de propaganda
La prensa hegemónica, cada vez más alejada de su papel de informar con veracidad, se ha convertido en un brazo de propaganda de los poderosos que hoy ven amenazados sus privilegios.
La campaña desinformativa contra la Consulta Popular y contra quienes la promueven es solo otra expresión de ese miedo: el miedo a que Colombia deje de ser el feudo de unos pocos y se convierta en una verdadera democracia participativa.
No podemos permitir que los violentos —de palabra, de acción o de omisión— dicten el rumbo del país.
Tampoco que los politiqueros de siempre manipulen a la opinión pública con discursos “constitucionalistas” cuando nunca les interesó ni la Constitución ni el pueblo.
La historia no se detiene, y esta es una coyuntura clave para que las fuerzas democráticas y populares se unan, defiendan el derecho del pueblo a decidir y respalden con claridad la Consulta Popular.
El llamado hoy es a la unidad. La Consulta no es del presidente Petro, es del pueblo colombiano. Es la oportunidad de saldar deudas históricas, de abrir las puertas a una democracia más directa y genuina. Que nadie nos arrebate ese derecho.
