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Jorge Bastidas lanza duras críticas a La Silla Vacía por “ignorar pruebas de fraude” en votación que tumbó consulta popular

La polémica sigue creciendo, y muchos sectores del Pacto Histórico y movimientos sindicales afines al gobierno se han sumado al llamado de Bastidas, exigiendo una revisión a fondo del procedimiento legislativo que derribó la consulta y una mayor vigilancia sobre la labor de los llamados verificadores de hechos.

El Congresista Jorge Bastidas lanza duras críticas a La Silla Vacía por “ignorar pruebas de fraude” en votación que tumbó consulta popular del gobierno Petro

El congresista del Pacto Histórico Jorge Bastidas ha encendido el debate político y mediático tras lanzar un fuerte cuestionamiento al medio de comunicación La Silla Vacía, especialmente contra su sección “El Detector de Mentiras”, por considerar que su análisis sobre el presunto fraude en la votación del Senado que hundió la consulta popular propuesta por el gobierno de Gustavo Petro estuvo plagado de omisiones clave y sesgos.

Bastidas, en una crítica pública, acusó al medio de hacer una verificación “selectiva” y de contribuir a normalizar prácticas antidemocráticas que, según él, empañaron una de las votaciones más importantes del año. 

Dicha consulta, impulsada por el Ejecutivo, buscaba restablecer beneficios laborales eliminados en administraciones anteriores, en particular durante el periodo de gobiernos uribistas.

La controversia se desató cuando La Silla Vacía publicó que, tras examinar las denuncias del gobierno sobre un presunto fraude en la votación, determinó que estas eran falsas. 

Frente a esta afirmación, Bastidas reaccionó enérgicamente, formulando un cuestionario que pone en duda la supuesta rigurosidad del medio y cuestiona sus verdaderas intenciones.

Bastidas plantea seis preguntas esenciales:

¿Por qué en su detector de mentiras no tuvieron en cuenta esto?

Se cambió el orden del día de manera irregular. (Art. 80 Ley 5)

La cantidad de senadores que votaron no coincidió con los presentes en el registro. (Art. 123 Ley 5)

No está en discusión el sentido del voto del senador Edgar Díaz, lo que reclamamos es que se corrige cuando se cierra el registro. Dura lex sed lex. En rigor, el voto manual del senador es por el Sí.

María José Pizarro apeló la votación (Art. 44 Ley 5). Cepeda lo ignora de manera descarada. En derecho tuvo que repetirla. 

Los dos minutos y pico que dieron para votar, aunque son legales, denotan el afán ventajoso y mañoso de Cepeda. ¿Por qué ustedes normalizan esto? 

Pero a mi juicio el argumento de más peso es este:

¿Por qué  una de las votaciones más importantes del año, dónde se jugaba tanto, se hizo de manera tan afanada, tan atropellada, casi a las malas? ¿Por qué no se dieron las garantías a todos los congresistas?  ¿Qué costaba repetirla?

Estas preguntas, según analistas consultados, no solo desnudan irregularidades en el procedimiento parlamentario, sino también una postura complaciente por parte del medio de comunicación, a quien acusan de proteger una narrativa política y económica contraria a los intereses populares. 

Cuestionan a la Silla Vacía 

También se cuestiona la independencia de La Silla Vacía, recordando las relaciones pasadas de su fundadora, Juanita León, con el grupo empresarial QUALA, una compañía señalada por denuncias ciudadanas sobre prácticas laborales injustas con vendedores ambulantes, a quienes, supuestamente, no se les reconocen derechos laborales básicos.

La conexión indirecta entre los intereses empresariales y el sesgo mediático abre un debate más amplio sobre la relación entre medios de comunicación, poder económico y el control de la narrativa pública. 

Si bien, en el pasado, La Silla Vacía había sido reconocida como un referente de periodismo independiente, este señalamiento revive cuestionamientos sobre la verdadera neutralidad de quienes ostentan el poder de informar y calificar lo verdadero y lo falso.

Crece la polémica

Por ahora, la polémica sigue creciendo, y muchos sectores del Pacto Histórico y movimientos sindicales afines al gobierno se han sumado al llamado de Bastidas, exigiendo una revisión a fondo del procedimiento legislativo que derribó la consulta y una mayor vigilancia sobre la labor de los llamados verificadores de hechos.

La pregunta que queda flotando en el aire es si esta denuncia quedará en un simple debate mediático o si logrará abrir una investigación formal que repare el daño denunciado. 


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