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La doble moral de la oposición

El país merece un debate político menos cínico, más honesto y con una verdadera voluntad de cambio, lejos de la manipulación mediática y el cálculo mezquino que ha caracterizado a quienes hoy pretenden evadir su responsabilidad política en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.

La reciente orden de captura contra los congresistas Iván Name, del Partido Verde, y Andrés Calle, del Partido Liberal, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD, ha dejado al descubierto no solo la gravedad del caso, sino también la descarada doble moral de la oposición política y mediática en Colombia. 

Ambos parlamentarios, expresidentes del Senado y la Cámara, han sido acusados de recibir millonarias sumas en efectivo producto del desfalco a esta entidad estatal. Lo sorprendente, sin embargo, no es solo el hecho de que estos actores con fuero sean objeto de una medida de aseguramiento —algo sin precedentes en este proceso—, sino la manera cínica con la que sectores opositores al gobierno de Gustavo Petro han reaccionado a la noticia.

La historia política reciente muestra que tanto Name como Calle no eran aliados del gobierno

Iván Name, por ejemplo, fue elegido presidente del Congreso con los votos de los sectores contrarios al gobierno y, en su momento, fue presentado por figuras de derecha y centro como un triunfo opositor frente al progresismo. 

Las reformas sociales impulsadas por Petro fueron, una a una, bloqueadas o dilatadas en el legislativo bajo el liderazgo de estos congresistas. La estrategia era clara: asfixiar las reformas por vía parlamentaria, no por convicciones programáticas, sino por cálculos políticos de desgaste institucional.

En este contexto, resulta francamente hipócrita que ahora, tras revelarse los vínculos de estos congresistas con la corrupción, las voces que antes celebraban sus actos de sabotaje se esfuercen por atribuirlos al gobierno nacional. 

Periodistas como Vicky Dávila y figuras políticas como María Fernanda Cabal y Claudia López —esta última del mismo partido de Name—, han optado por lavarse las manos y presentar a estos personajes como “cuotas del petrismo”, ignorando convenientemente el historial público de contradicción, enfrentamiento y bloqueo que mantuvieron con el Ejecutivo. 

Esta narrativa manipulada no solo busca desinformar, sino distraer al país de la verdadera responsabilidad política que recae sobre quienes facilitaron, defendieron y promovieron a estos congresistas cuando les convenía.

La actuación del gobierno ante este escándalo también marca una diferencia sustancial. 

Desde el primer momento en que surgieron las denuncias, el presidente Gustavo Petro y su administración solicitaron públicamente una investigación a fondo, sin privilegios, sin manto de impunidad, sin distinción de colores políticos. 

La postura del gobierno ha sido tajante: “el que haya robado debe ser castigado, sea quien sea”. Esta coherencia contrasta fuertemente con la actitud oportunista de la oposición, que calla cuando los hechos de corrupción los favorecen o los protegen, pero grita cuando se trata de repartir culpas sin sustento.

El escándalo de la UNGRD, por lo tanto, no solo deja en evidencia el deterioro ético de ciertos sectores políticos, sino también la urgencia de transformar la cultura de impunidad y clientelismo que aún persiste en las altas esferas del poder. 

Si algo positivo puede salir de este bochornoso episodio, es la posibilidad de que la justicia actúe de forma ejemplarizante y que la ciudadanía observe con atención quiénes realmente están del lado de la transparencia y quiénes simplemente usan la moral como arma cuando les conviene.

La doble moral de la oposición en Colombia no es nueva, pero sí particularmente descarada en este caso

El país merece un debate político menos cínico, más honesto y con una verdadera voluntad de cambio, lejos de la manipulación mediática y el cálculo mezquino que ha caracterizado a quienes hoy pretenden evadir su responsabilidad política en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. 

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