En Colombia, el ruido mediático sobre una supuesta intención del presidente Gustavo Petro de perpetuarse en el poder ha comenzado a tomar fuerza en ciertos sectores políticos y mediáticos.
Sin embargo, esta narrativa no se sostiene en hechos concretos, sino que responde a una estrategia más amplia: preparar el terreno para justificar su eventual destitución anticipada.
Lo paradójico es que, mientras se le acusa de querer quedarse, es el propio Petro quien ha reiterado públicamente que no busca la reelección.
Esta contradicción evidencia que el verdadero peligro no es la permanencia indebida del presidente, sino el uso del miedo como herramienta para deslegitimar un gobierno elegido democráticamente.
Ambas posibilidades —quedarse por la fuerza o tumbarlo antes de tiempo— representan un serio riesgo para la democracia.
La primera atentaría contra el principio de alternancia en el poder; la segunda, contra la voluntad popular expresada en las urnas.
No obstante, hoy por hoy, la única amenaza tangible es la segunda: la intención de ciertos sectores de desestabilizar el gobierno legítimo de Petro utilizando mecanismos institucionales, campañas de desinformación y presión mediática.
En ese contexto, resulta clave analizar qué está pasando realmente en el país.
Las movilizaciones recientes, especialmente la masiva marcha del primero de mayo, reflejan un respaldo popular firme al proyecto de transformación social que encabeza el presidente.
A diferencia de lo que sostienen algunos analistas que intentan reducir estos actos a simples ejercicios clientelistas, la participación espontánea y entusiasta de miles de personas en plazas públicas de todo el país demuestra que existe un profundo sentimiento de respaldo al gobierno.
Si llenar plazas fuera simplemente cuestión de dinero, entonces empresarios poderosos como los Gilinski —aliados de la periodista Vicky Dávila y otros sectores opositores— ya habrían movilizado multitudes en su favor.
Pero eso no ha ocurrido. Porque el respaldo real no se compra, se construye desde abajo.
La oposición, en cambio, ha optado por una estrategia centrada en el miedo y el odio.
Han alimentado la narrativa de que el país se encamina hacia una dictadura, mientras usan redes sociales y medios para amplificar discursos que desinforman y polarizan.
Esta estrategia, sin embargo, parece estar fracasando. Cada vez les resulta más difícil movilizar gente, porque su discurso no conecta con las necesidades reales del pueblo.
Se equivocan al creer que insultar al presidente o humillar a los más pobres va a traducirse en votos o en apoyo popular.
Colombia atraviesa un momento histórico.
Por primera vez, un gobierno de corte progresista, con una clara orientación hacia la justicia social y la inclusión, ha logrado mantenerse firme pese al constante asedio de sectores tradicionales que han gobernado el país durante décadas.
La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar: el pueblo está dispuesto a defender sus conquistas. Y está dispuesto a apoyar las propuestas de cambio, como se evidenció en la disposición mayoritaria de votar «sí» en la próxima Consulta Popular.
El país necesita debates serios, no alarmismos infundados.
Nadie debe quedarse en el poder por la fuerza, pero tampoco debe ser removido antes de tiempo por el capricho de una élite que no acepta haber perdido el control.
El único camino legítimo es el respeto por la democracia. Petro ha dicho que no se reelegirá. Y hasta ahora, ha respetado ese compromiso. Es hora de que la oposición también respete la voluntad del pueblo.
