La reciente decisión del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, de imponer un impuesto a la seguridad cobrado a través del recibo de la luz ha generado un profundo malestar en la población santandereana.
La medida ha sido adoptada sin un estudio riguroso, sin un proyecto debidamente estructurado y sin la concertación con los ciudadanos, gremios o líderes comunitarios.
En un contexto en el que la ciudadanía ya se encuentra asfixiada por los altos costos de la energía eléctrica, esta decisión parece más una imposición que una solución efectiva al problema de la inseguridad.
El clamor nacional es claro
Las tarifas de energía deben bajar. Desde el Gobierno Nacional se han emprendido esfuerzos significativos para aliviar la carga económica que representa el servicio de electricidad para los colombianos.
Sin embargo, el gobernador Díaz parece desconectado de esta realidad, ajeno a las necesidades y preocupaciones de la gente. En lugar de escuchar a la población y articular estrategias con el Gobierno Nacional, opta por una medida que agrava aún más la difícil situación económica de los hogares y negocios en Santander.
Los gremios empresariales han expresado su total rechazo a este nuevo impuesto, argumentando que representa una carga adicional para un sector que ya enfrenta grandes desafíos.
Las Juntas de Acción Comunal, los comuneros y la ciudadanía en general también han manifestado su oposición categórica. No se trata de una negativa a mejorar la seguridad, sino de cuestionar la manera en que se pretende financiar estas acciones sin considerar su impacto en la economía local.
Una decisión de tal magnitud requiere estudios previos, análisis financieros y debates públicos que permitan evaluar su viabilidad.
Sin embargo, no hay evidencia de que se haya realizado un análisis serio sobre los efectos de este impuesto en los sectores más vulnerables ni sobre su efectividad en mejorar la seguridad.
¿Cómo justifica el gobernador Díaz que el cobro en el recibo de la luz sea la mejor opción?
¿En qué estudios se basa para asegurar que el uso de drones y cámaras es la solución al problema de inseguridad?
El argumento de que la implementación de tecnología, como drones y cámaras de vigilancia, resolverá el problema de la inseguridad es cuestionable.
La realidad demuestra que la inseguridad tiene raíces más profundas, vinculadas a la desigualdad, la falta de oportunidades y la ausencia de estrategias integrales que aborden el problema desde su origen.
Gravar aún más a los ciudadanos y empresarios no hará que el crimen desaparezca, sino que podría tener el efecto contrario: empobrecer aún más a la población, generando mayores brechas sociales y, en consecuencia, incrementando la delincuencia.
¿Por qué hay tanta inseguridad?
Antes de imponer un nuevo impuesto, el gobernador y su equipo debieron preguntarse cuáles son las verdaderas causas de la inseguridad en las ciudades. La falta de empleo, la pobreza y la desigualdad son factores determinantes que alimentan la delincuencia.
En lugar de buscar soluciones simplistas y de carga económica para la ciudadanía, se necesitan políticas públicas integrales que generen oportunidades de desarrollo, educación y empleo digno.
La seguridad no se construye con más impuestos ni con medidas impuestas de manera arbitraria.
Se construye con políticas eficaces, con inversión en educación, en programas sociales y en estrategias de prevención que ataquen la raíz del problema.
Los ciudadanos de Santander exigen ser escuchados y que sus necesidades sean tomadas en cuenta. El rechazo generalizado a este impuesto debe ser un llamado de atención para el gobernador Díaz.
En lugar de agravar la crisis económica de las familias santandereanas, es necesario buscar soluciones concertadas y sostenibles que verdaderamente contribuyan a mejorar la seguridad sin afectar la calidad de vida de los ciudadanos.
