La semana pasada, Donald Trump se entregó a la justicia de Nueva York, escuchó los 34 cargos que se le imputan, se declaró inocente y, acto seguido, salió del tribunal y regresó a Florida.
Esa misma noche, dio un breve discurso frente a un grupo de familiares, aliados y políticos republicanos: “Esta es una persecución, no una investigación”, dijo.
Pero ¿de qué se le acusa exactamente? Ya hemos dicho que el caso gira en torno a un pago realizado a Stormy Daniels, una estrella porno, a cambio de su silencio en la campaña presidencial de 2016.
“La naturaleza salaz de la acusación resucita al Trump que existía mucho antes de que se convirtiera en el presidente número 45 de Estados Unidos”, escribió Dan Barry hace poco, “nos referimos al Trump al que le gustaba presentarse como un donjuán, muy seguro de que su riqueza y su aspecto lo convertían en alguien con un atractivo irresistible para las mujeres”.
Pero técnicamente, la acusación principal es por falsificación de registros comerciales, algo que se habría hecho para esconder la naturaleza y el reembolso del pago.
Este delito, la falsificación de registros comerciales, no es grave en Nueva York, explican nuestros colegas Jonah E. Bromwich, Ben Protess, William K. Rashbaum y Michael Gold:
Para que el delito ascienda a delito grave, los fiscales del equipo de Bragg deben mostrar que la “intención de defraudar” de Trump incluía la intención de cometer u ocultar un segundo delito.
En este caso, el segundo delito podría ser una infracción a la ley electoral.
Si bien el dinero que se paga a cambio de silencio no es por sí mismo ilegal, los fiscales podrían argumentar que los 130.000 dólares en efecto se convirtieron en una donación indebida para la campaña de Trump, bajo la teoría de que benefició a su candidatura al acallar a Daniels.
Dentro de los momentos más importantes de la comparecencia de Trump ante la corte está cuando dijo que no era culpable, cuando uno de los fiscales pidió que se integraran al expediente las recientes publicaciones del ex presidente en redes sociales y el momento en que el juez Juan Merchan advirtió a la defensa que hable con él para que se abstenga “de hacer declaraciones que puedan incitar a la violencia o a los disturbios civiles”.
La próxima audiencia del caso está prevista para el 4 de diciembre, cuando ya habrá iniciado la contienda por la presidencia de Estados Unidos.
Las acusaciones no impiden que Trump se postule al cargo.
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Elda Cantú es la Senior News Editor, Latin America del New York Times
