Un pacto de “yo con yo” lleno de humo, que la viceministra del Trabajo fue a suscribir en Barrancabermeja con ellos y sin trabajadores ni sus organizaciones
La semana que pasó fue protagonizada por tres pactos.
En Barranquilla, el viernes, una gran “P” de color rojo, iluminó la Plaza de la Paz con miles de personas convocadas por el “Pacto Histórico”: un proyecto político ambicioso, diverso, incluyente, que recoge diversas fuerzas sociales y políticas para iniciar la nueva Revolución en Marcha, superar el régimen político agotado y desangrado por la corrupción y acometer reformas económicas y sociales de fondo en nuestro país.
Al mismo tiempo Duque, ¿el presidente?, seguía intentando desconocer de nuevo al gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, iniciando el llamado “Pacto funcional” para ese departamento. Siguiendo con el mantra “Fuerza Ciudadana no existe y Carlos Caicedo tampoco, pero que vaina hay que derrotarlos”, el gobierno central se salta el Plan de Desarrollo, el gobierno departamental, y al gobernador, en medio de las denuncias de atentado en preparación contra Caicedo.
Es una maniobra para inyectarle recursos a los clanes derrotados y en la oposición para que compren los votos en las urnas y en el sistema de la Registraduría y ganar las elecciones en esa región en 2022 a través de obras públicas, con recursos públicos, engrasando las maquinarias.
Pero hubo otro pacto al que quiero referirme hoy, y es el que en Barrancabermeja empresarios y Ministerio de Trabajo firmaron llamándolo “Pacto por el trabajo decente”. Un pacto de “yo con yo” lleno de humo, como lo denominé en varios trinos durante el fin de semana. La viceministra del Trabajo fue a suscribirlo en Barrancabermeja con ellos y no invitaron a los trabajadores y a sus organizaciones.
Un tal “Pacto del Trabajo Decente” dizque para incluir a los que siempre han sido excluidos del mercado laboral, las mujeres, los jóvenes y quienes tienen discapacidad por razones de salud. Un “Pacto de trabajo decente” para que nada cambie y para atajar a la USO y demás sindicatos del sector y saltarse la negociación colectiva, el mecanismo más eficaz y democrático para lograr trabajo decente de verdad en un sector en el que reina la tercerización, el antisindicalismo y la segregación.
Yo creo, que quienes firmaron el documento, ni saben qué firmaron, no lo leyeron ni les interesa, lo importante era la foto.
No sabrán que el concepto de trabajo decente fue una idea del Nobel de Economía Amartya Sen presentada en la asamblea general de la OIT de 1999. Su Director General de entonces, el chileno Juan Somavía, recogió toda la producción normativa de esa organización en un meta derecho que incluye el “empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social”.
El diálogo social implica, además de incluir al empresariado, el reconocimiento de la libertad sindical, de la autonomía colectiva de los trabajadores, de las organizaciones sindicales más representativas, incluye escuchar y participar a los trabajadores representados en sus organizaciones legítimas y constitucionalmente reconocidas. No incluir, ni escuchar a los trabajadores invalida la legitimidad del pacto y ya no se puede hablar de diálogo social, pilar del meta derecho al Trabajo Decente y en el caso de este “pacto” vacío queda claro el nivel de quienes lo suscribieron, no es más que un acuerdo entre élites sellado con una foto de familia.
En el sector de los hidrocarburos, la mayoría de los empresarios aglutinados en Campetrol y la Asociación Colombia del Petróleo, con quienes supuestamente se firmó este pacto, si hay algo que no practican es el trabajo decente. Y ese pacto, liderado por Isis Muñoz, directora de Inspección, Vigilancia y Control Territorial, hoy viceministra encargada de Trabajo, firmado en Barrancabermeja, con la complicidad de la administración distrital no es más que show publicitario, la cartera del trabajo se siente experta en saltos olímpicos a la ley como cuando vinieron a Barrancabermeja a levantar ilegalmente la huelga de Impala.
El tal pacto es pura propaganda, no contiene metas de generación de empleo del sector, ni formas de vinculación formal de mujeres, jóvenes y trabajadores en condición de discapacidad. Las normas sobre vinculación de mano de obra local si bien es cierto deben revisarse, no son indispensables para garantizar la empleabilidad de ciudadanos de las áreas de influencia.
Por lo demás, Barrancabermeja tiene una alta tasa de desempleo e informalidad, de trabajo precario. Bastaría voluntad política y algo de compasión tanto del distrito como de las empresas que arriban a la ciudad para comprometerse con la generación de empleos, que, por demás, para que sean decentes, deben ser con seguridad social, estables y que respeten los derechos humanos, entre ellos, el derecho de asociación que tanto odian y desprecian en el mundo del trabajo la mayoría de los empresarios del país.
Las petroleras, con los precios altos que hoy tiene el barril, deberían además comprometerse a algo que está consignado en la Constitución, en la formación para el trabajo. ¿Cuántos becados tienen en las universidades, en las tecnológicas o en el Sena? ¿Cuántos patrocinados en profesiones distintas a las de la industria del petróleo? Un Pacto por el Trabajo decente en el sector de los hidrocarburos es incompleto si además no se compromete con la transición energética y la reconversión profesional. Pero esto es puro espectáculo y barato.
En este gobierno el Ministerio del Trabajo ha dejado de existir. No hace inspección, ni vigilancia, ni control. No sanciona las prácticas antisindicales, las promueve tanto como la tercerización ilegal, convive y practica la precarización laboral en el sector público y privado, en la práctica desconoce el concepto de trabajo decente completamente. Ante tal realidad y como una forma de auto protección y resistencia ante esta dictadura, solo nos queda fundar sindicatos y a través de ellos promover la negociación y los conflictos colectivos en el trabajo. El Ministerio lo resucitaremos en 2022.
No crean en esos “Pactos por el trabajo decente”. Son puro humo. Pura propaganda pagada con recursos públicos, con recursos de todos.
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