¿Quién hizo el mejor negocio de su historia? ¿El Estado, o dos poderosos grupos económicos?
Uno de los secretos mejor guardados en Colombia es el pésimo negocio que hizo el Gobierno en el tema de pensiones desde que entró en vigor, en 1993, la Ley 100. Con la complacencia del Estado, el sector privado hizo una gran fortuna y, antes de que llegue la ola de desprestigio del sistema actual, es bueno abrir la discusión.
En 1990 se requería una reforma al sistema pensional por los mismos males que persisten: baja cobertura, inequidad e insostenibilidad. La obsesión del Gobierno de liquidar el Instituto de Seguros Sociales (ISS) lo dejó con la responsabilidad de las pensiones del sector privado y se desestimuló la entrada de nuevos cotizantes, cuyos aportes financiarían el pago de dichas pensiones.
Esa era la esencia del sistema del ISS.
¿Cómo financia el Gobierno el pago de los pensionados? Vendiéndoles TES y pagándoles intereses a los fondos privados a donde llegaron los nuevos cotizantes.
Los fondos privados contaban con $187,9 billones en noviembre de 2016 (23,4% del PIB y 83,7% del presupuesto nacional para 2017), los cuales están concentrados en más de 80% en Porvenir, de Sarmiento Angulo, y Protección, del Grupo Antioqueño. Aquí empieza el pésimo negocio: ¿este nuevo sistema sí está cumpliendo con lo prometido frente a su tasa de reemplazo, y hoy los colombianos tienen aseguradas sus pensiones de manera que no tengamos en el futuro un ejército de ancianos indigentes, especialmente mujeres, que cotizan menos y viven más? ¿Quién hizo el mejor negocio de su historia? ¿El Estado o estos dos poderosos grupos económicos?
Las AFP, que iniciaron actividades en 1993 como resultado de la Ley 100, son quienes compiten con Colpensiones —Empresa Comercial del Estado creada en 2012 como reemplazo del ISS— por los aportes de la población trabajadora colombiana. Pero el desequilibrio es evidente, de acuerdo con la Superfinanciera: en noviembre de 2016 de 8’413.491 de cotizantes a pensiones, 72,8% lo hace en las AFP y 27,2% en Colpensiones. En cuanto a los pensionados, las AFP tienen 8,1% y Colpensiones 91,9%, de 1’351.336 pensionados.
En 2016, Eduardo Lora abrió la discusión en su artículo Las AFP perdieron su razón de ser, con una advertencia del BID.
“Colombia necesita una reforma del sistema pensional para solucionar los problemas de la falta de cobertura, la alta inequidad del sistema, los potenciales riesgos de sostenibilidad fiscal (…) y la competencia desigual entre el régimen de prima media [Colpensiones] y el régimen de ahorro individual con solidaridad [AFP]”.
El Estado ha tratado de frenar las pensiones excesivas —congresistas y jueces, la minoría muy subsidiada— porque el grueso de pensionados que paga Colpensiones recibe en promedio 1,8 salarios mínimos, con subsidios menos costosos. Cuando los fondos privados empiecen a pagar pensiones, estos no tendrán una tasa de reemplazo superior a 30%, como sucede en Chile (28%). Por ello, muchos regresan a Colpensiones, lo que aterra a las AFP, y a esto se suma una cobertura total del sistema estancada en 30%.
El pésimo negocio del Estado
Lo afirmó Lora: “Las pensiones no son el principal negocio de las AFP. Su verdadero negocio consiste en que el Estado (…) les cede el manejo de unos recursos producto de un gravamen laboral, pero el rendimiento de esos recursos resulta en gran medida de que las AFP le prestan de vuelta la plata al Gobierno directa o indirectamente, bien sea en títulos de deuda o crecientemente, como financiamiento para obras públicas (…)”, y continúa, “(…) las ganancias de las AFP son básicamente el resultado de una transferencia del Gobierno a Luis Carlos Sarmiento y al Grupo Empresarial Antioqueño, que tienen 86% del negocio. Esa es la mayor inequidad del sistema”.
Nadie habla ni mide el negocio que el Estado les hizo a estos dos grupos empresariales. ¿Por qué no se ha armado un escándalo por esto en Colombia? Más aún, en 2016 las AFP recibieron $1,2 billones por administrar estos recursos, sin incluir los rendimientos que le generan, el acumulado podría superar los $14 billones. En síntesis, los pensionados le quedan al Estado y los grandes beneficios quedan en manos de unos pocos privados, a costa de los aportes de los colombianos.
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